Acusa diputado falta de voluntad para frenar extorsión desde penales

Por Jacqueline Rico

México, 9 Ene (Notimex).- El diputado local Federico Döring denunció que repuntaron las amenazas y secuestros virtuales desde las cárceles y reclusorios, por falta de voluntad política del gobierno y funcionarios capitalinos.

También solicitó al gobierno local hacer pública una denuncia para identificar a ese tipo de delincuentes, así como dar a conocer nombres y cargos de los funcionarios y servidores públicos responsables de los penales con alta incidencia en reportes de extorsiones telefónicas.

En ese contexto, pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, atender esta problemática en coordinación de esfuerzos con el gobierno capitalino y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario local.

Ello, explicó el legialador del Partido Acción Nacional (PAN), a fin de controlar el ingreso de aparatos de comunicación y filtros, así como en la revisión de la situación actual de los inhibidores de señal instalados en los 14 centros de reclusión de la Ciudad de México.

Consideró que esta situación existe por las ambigüedades en el marco jurídico que rige a la Federación, frente a lo cual el gobierno local debe acompañar en la atención de la problemática en materia de control y bloqueo de señales 3G, 4G y LTE, porque su uso es común en los penales varoniles.

Destacó que de acuerdo con el Centro Nacional de Información, los reos tienen hasta 12 mil líneas telefónicas para realizar llamadas de extorsión y otros delitos, situación que ha dejado de lado a la autoridad.

En este sentido, el integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso capitalino instó a las empresas de telefonía móvil sensibilizarse de la situación y solidarizarse con las víctimas, poniendo candados y facilitando información a la autoridad para el rastreo o bloqueo oportuno de los números “criminales”.

Según Döring Cazar, a los gobiernos federal y local les “tiembla la mano” para aplicar la ley contra los funcionarios que violan el Artículo 128 de la Ley de Centros de Reclusión capitalina, que sanciona a quienes permitan el ingreso de armas, teléfonos o instrumentos de comunicación a los penales.

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NTX/JRD/MTG