Libra Lencho Siller prisión preventiva por amenazas

Torreón, Coahuila / 05 de Diciembre 2019

Por: Mariana Mejía

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, vinculó a proceso al alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, por haber cometido delitos contra la libertad de expresión en su modalidad de amenazas contra la periodista Mayra “M”.

La segunda parte de la audiencia inicial, que tuvo lugar en Torreón, se realizó luego de la atracción que hizo la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión para atender el caso de las denuncias interpuestas por parte de la comunicadora.

Cabe mencionar que la primera parte de la mencionada audiencia, se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre.

Se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y se determinó que el próximo 29 de enero del 2020, se realizará una audiencia para resolver el cierre o ampliación de la misma que es de cuatro meses máximo.

Aunque se pidieron diversas medidas cautelares, la causa penal 278/2019 desahogada en Torreón, vinculó a Florencio Siller, imponiéndole una medida que le impide acercarse a la víctima ni a las personas que fueron entrevistadas, sobretodo, los compañeros de trabajo. No obstante, por no ser un delito grave, no fue necesario ordenar la prisión preventiva.

Se destacó que parte de la decisión de vincular a proceso al munícipe, bajo el contexto actual, donde se han presentado diversos acontecimientos en contra de comunicadores por parte de servidores públicos.

Antecedentes

En junio de 2018 la periodista denunció amenazas por parte del alcalde, tras un comentario que realizó, haciendo referencia a un acto de campaña, cuando buscaba ser reelecto, en el que mencionó que “no hubo tanta gente”, lo que desató la furia de Siller Linaje.

El munícipe llamó a la comunicadora para amenazarla e incluso decirle “Te voy a acabar”, así mismo, llamó al dueño de la estación de radio donde laboraba y posteriormente fue despedida.

Fue entonces, que el Mecanismo de Protección a Periodistas -órgano integrado por la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales que protegen periodistas y defensores de derechos humanos-, determinó la decisión de trasladarla fuera del país.

Aunque la denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público, el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República.