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Grupos paramilitares de extrema derecha al servicio del narcotráfico, decretaron un paro armado en municipios del norte-occidente de Colombia, lo que afectó el comercio y la movilidad de la población, denunció la Defensoría del Pueblo.
El movimiento Gaitanista y el Clan Usuga amenazaron a los pobladores de varios municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba y el Chocó.
Las organizaciones ilegales obstruyeron vías, obligaron al cierre de escuelas y realizaron grafitis amenazantes en las fachadas de las casas y de los vehículos.
Las autoridades reportaron hostigamientos y disparos a los Escuadrones Motorizados Rurales (ESMOR) en el sector conocido como Puente de Arcua, en la vía que comunica a los municipios de Apartadó y Turbo, en la zona bananera de Uraba.
La Defensoría del Pueblo calificó como grave que los grupos armados ilegales “estén afectando los derechos de la comunidad, tanto por las amenazas y acciones violentas, como por el confinamiento y el no acceso a servicios esenciales como la educación”.
El “paro armado” de los grupos de extrema derecha se da un día después que el gobierno colombiano anunció el inicio de diálogos de paz con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Grupos paramilitares de extrema derecha al servicio del narcotráfico, decretaron un paro armado en municipios del norte-occidente de Colombia, lo que afectó el comercio y la movilidad de la población, denunció la Defensoría del Pueblo.
El movimiento Gaitanista y el Clan Usuga amenazaron a los pobladores de varios municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba y el Chocó.
Las organizaciones ilegales obstruyeron vías, obligaron al cierre de escuelas y realizaron grafitis amenazantes en las fachadas de las casas y de los vehículos.
Las autoridades reportaron hostigamientos y disparos a los Escuadrones Motorizados Rurales (ESMOR) en el sector conocido como Puente de Arcua, en la vía que comunica a los municipios de Apartadó y Turbo, en la zona bananera de Uraba.
La Defensoría del Pueblo calificó como grave que los grupos armados ilegales “estén afectando los derechos de la comunidad, tanto por las amenazas y acciones violentas, como por el confinamiento y el no acceso a servicios esenciales como la educación”.
El “paro armado” de los grupos de extrema derecha se da un día después que el gobierno colombiano anunció el inicio de diálogos de paz con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).