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Sancionan en tres años a 84 funcionarios públicos por irregularidades en su trabajo

Foto: Especial

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28 de Noviembre 2018

En los últimos tres años la Secretaría de Fiscalización ha sancionado a 84 funcionarios públicos de diferentes dependencias del gobierno estatal, de los cuales tres fueron inhabilitados para ejercer el servicio público.

Saltillo, Coahuila / 28 Noviembre 2018

Por: David González

Durante este 2018 se llevaron a cabo sanciones a 22 burócratas, con la inhabilitación de dos funcionarios del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC): Fabián Isidro Núñez Aguirre y Benjamín Enrique Moffat Peña, mientras que el año pasado fue Arnulfo Camarillo de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC) informó Teresa Guajardo, Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Entre las sanciones están las amonestación privada, la apercibimiento público, suspensión sin goce de sueldo y la inhabilitación.

La mayor parte de los sancionados terminan en  sólo amonestaciones  por no presentar la declaración patrimonial, mientras que las suspensiones son por irregularidades en las cuentas públicas, auditorías mientras que los tres funcionarios separados de sus funciones o inhabilitados fue por denuncias en el mal desempeño de su trabajo.

Aunque el promedio se ha mantenido alrededor de 30 sanciones por año, luego de que en 2016 se registraron 30 denuncias, en el 2017 con 32, y este 2018 casi  por concluir, se encuentra en 22.

Sobre este tema la funcionaria explicó: “Las sanciones administrativas aplicadas van desde la inhabilitación, amonestación privada o pública  y la suspensión, mismas que se otorgan por la omisión de presentar en tiempo y forma sus declaraciones patrimoniales, además por observaciones detectadas en auditorías”.

Destacó que esta cantidad puede variar, en lo que resta del año porque los números antes mencionados fueron al cierre de primero de noviembre y porque aún faltan presentaciones que revisar, lo que se lleva su tiempo, primero notificarse, después citarlos y darles una fecha de audiencia.

Por otro lado,  expresó que hasta el último de mayo, fecha en que se venció el plazo para las declaraciones modificadas, la secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas  recibió 18 mil  de estos documentos de servidores públicos.

De esta cantidad, agregó, el 35 por ciento fueron de declaraciones patrimoniales modificadas y el cinco de declaración final  y el resto de iniciales,  que corresponde  a funcionarios  que obtuvieron un nuevo ingreso en la administración pública.

“Después de las revisiones, se notificaron los resultados, se notificó a los funcionarios públicos omisos y en los casos  donde se reunieron elementos para iniciar procedimientos.

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