VÍCTOR BARRÓN
Amparados en los artículos 4o, 6o y 9o constitucionales, así como en tratados internacionales que México ha suscrito como es el Acuerdo Regional de Escazú, integrantes de siete asociaciones y organismos de la sociedad civil sumaron esfuerzos en busca de conformar la denominada Contraloría Social del Agua en La Laguna.
Esta figura ciudadana está orientada a incidir en el diseño de políticas públicas para el ordenamiento hídrico de la cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval, además de fiscalizar, denunciar y corregir las acciones que impidan una adecuada toma de decisiones en el manejo de fondos, programas y proyectos del agua.
Durante el primer pronunciamiento público de este grupo de asociaciones, María Elizabeth Estrada Macías, encargada de la Dirección Colegiada del Frente Campesino por el Agua y la Tierra, explicó que para estos fines, ya sostuvieron reuniones con la Comisión Nacional del Agua y con la Coordinación de la Secretaría de la Función Pública, a la espera de la emisión de los lineamientos para que la Contraloría Social sea formalmente reconocida.
Señaló que algunas de las problemáticas que afectan a la región como las irregularidades en los contratos de derechos de agua en el Distrito de Riego 017, donde existe presunta complicidad de servidores públicos.