INDH identifica obstáculos para esclarecer abusos en Chile

Santiago, 28 Ene (Notimex).- En Chile faltan fiscales especializados en derechos humanos, porque los equipos de la brigada de estas garantías de la Policía de Investigaciones (PDI) son reducidos y el Servicio Médico Legal cuenta con poco personal, para esclarecer la verdad en violaciones a derechos humanos durante la crisis social.

Así lo estimó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en una sesión con la comisión del ramo del Senado, por lo que las investigaciones de causas vinculadas a violaciones de estas garantías avanzan con lentitud, consideró el jefe de la Unidad Jurídica Judicial del organismo, Rodrigo Bustos.

“No se conocen medidas que estén reforzando el sistema judicial para que puedan enfrentar el desafío de una magnitud de violación a los derechos humanos mucho mayor de la que enfrentaban antes del 18 de octubre, por lo tanto, el escenario no es auspicioso”, señaló Bustos.

El Servicio Médico Legal, a cargo de aplicar el Protocolo de Estambul para acreditar casos de tortura, no tiene equipos en todas las regiones del país y no siempre cuenta con las condiciones para llevar a cabo la prueba, añadió el funcionario del INDH.

Como ejemplo, citó el caso de Fabiola Campillay, quien el 26 de noviembre sufrió un disparo de bomba lacrimógena que le produjo pérdida total de la visión, episodio por el que aún nadie ha sido formalizado, lo que ilustra el avance lento de las investigaciones judiciales.

“De las mil 95 querellas que el INDH ha presentado, solamente hay 16 causas con formalización. La Fiscalía nos informó, en reunión con el Fiscal Nacional, que de las cuatro mil 300 denuncias que han recibido por violencia institucional, solamente hay alrededor de 30 causas formalizadas”, reconoció Bustos ante los legisladores.

Los aparatos del sistema de justicia, acusó el INDH, no están contribuyendo a evitar la impunidad, como en el caso del tribunal que hace unos días sobreseyó a siete carabineros acusados de agredir a un vecino de Plaza Ñuñoa que terminó politraumatizado y con pérdida total de visión en el ojo derecho.

“Como si un carabinero pudiera mirar que se golpea a otra persona y no hacer nada y eso no es un delito”, criticó Bustos.

“Acá hemos dado números, pero estas víctimas son personas con nombre y apellidos, personas que han sido mutiladas en su vista, como Fabiola Campillay, como Gustavo Gatica, que han recibido lesiones graves, como Geraldine y muchas otras víctimas de mutilaciones o de violencia sexual”, lamentó Bustos.

“Todas estas personas requieren verdad, requieren justicia, requieren reparación y se requieren medidas de no repetición”, concluyó su exposición ante los parlamentarios.

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