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11 de Junio 2019

Por: Eduardo J. De La Peña

El acuerdo alcanzado por México con el gobierno de Estados Unidos el fin de semana anterior está lejos de representar un alivio, pues aunque nos hayamos librado por ahora de la amenaza arancelaria,  están por verse los efectos que a entidades como la nuestra traerán los compromisos asumidos en materia migratoria.

Sí, de haberse aplicado los aranceles habríamos sentido casi de inmediato las repercusiones en la economía, y en ese orden es positivo que se haya conseguido una tregua en tal sentido, a un costo que no es tangible por ahora, pero de seguro será alto.

Que México se haya obligado a mantener en el país a quienes están en espera de que se les de asilo en Estados Unidos, implica la permanencia de miles que están ya en tránsito, y la recepción de muchos miles más que actualmente están detenidos en el vecino país, y que serán deportados al nuestro en lo que se les define su situación.

Sin prejuicios ni etiquetas hacia esos miles de personas –que una realidad muy adversa deben haber afrontado en su tierra para decidirse a abandonarlo todo– pero en los términos más pragmáticos hay que decirlo: no tenemos la capacidad para garantizarles sustento, techo ni servicios básicos.

Que el paso por Coahuila de la caravana migrante en febrero no se volviera caótico, implicó un esfuerzo logístico y despliegue de seguridad por parte de autoridades estatales y las de diferentes municipios, pero tuvo un impacto presupuestal alto, y en ese caso fue temporal.

Ahora el escenario luce mucho más complejo. Los gobiernos de cualquier nivel están ya de por sí limitados de recursos, y ahora tendrán que hacerle frente a esta situación.

El gobierno federal, al que le corresponde a través del Instituto Nacional de Migración documentar a esos aspirantes a asilo, no tiene una capacidad suficiente para mantener el control.

Su personal y su infraestructura están rebasados, lo hemos visto en Saltillo, donde operan en un área habitacional, en instalaciones que no están debidamente preparadas y la consecuencia ha sido que se les evaden los migrantes a los que detienen, huyendo por azoteas y patios de las viviendas vecinas.

Adicionalmente, para frenar el flujo migratorio se concentrará a la Guardia Nacional en los estados del sur del país, y esa es una medida que también tendrá impacto para Coahuila.

Estamos bajo asedio, lo ha dicho el propio gobernador, todos los días hay un intento de grupos delictivos por infiltrarse en la entidad,  eso exige que nuestras corporaciones estén en alerta permanente. Distraer parte del estado de fuerza en la custodia de albergues, como tuvo que hacerse cuando la caravana, abre flancos, nos vuelve vulnerables.

Es necesario que el gobierno federal hable con claridad de los compromisos que asumió, mida las implicaciones y provea a las entidades de los medios para hacer frente a los problemas que se avecinan.

 

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