Enfoque

Por Eduardo J. De La Peña

El asueto laboral de esta semana, contra lo que podría creerse, no tiene que ver con la final del futbol americano profesional. Tampoco siquiera con un doloroso hecho histórico para México: el despojo de la mitad de nuestro territorio, pactado en el tratado con el que se puso fin a la guerra con los Estados Unidos, y que se firmó el 2 de febrero de 1848.

El día inhábil previsto en la ley para el primer lunes de febrero de cada año, es por el festivo del 5 de febrero, en que se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917.

Del Congreso Constituyente de 1917, en el que estuvieron representadas todas las fuerzas que armaron la Revolución Mexicana, resultó un ordenamiento legal que construyó el andamiaje que ha soportado por más de cien años al Estado mexicano.

En esa Constitución se establecieron las garantías individuales, derechos como la educación pública, la libertad de expresión y la propiedad de la tierra; ahí se ratificó el principio de la no reelección.

A nivel internacional nuestra Constitución ha sido considerada como una de las más completas, y en efecto de ahí surgió el impulso para una etapa en la que México tuvo crecimiento y progreso.

Que a lo largo de los años se le haya metido mano, o se le haya hasta dado la espalda, son hechos que no podemos desconocer, pues efectivamente desde el poder se han cometido desviaciones y abusos que también son lastre para nuestra Nación.

En el momento actual, previo a la conmemoración de este aniversario, se dieron las reuniones plenarias en las que los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de la Unión definieron su agenda de prioridades para el periodo de sesiones que se inicia.

Llama la atención que de todos los grupos parlamentarios el único que manifestó en su agenda la intención de reformar la Constitución, es el del partido gobernante, Morena.

Han anticipado que buscarán elevar al texto constitucional tres de los programas clientelares que ha puesto en marcha el gobierno de la República, el de pensión para los adultos mayores; las becas para estudiantes de preparatoria, y el de apoyo a discapacitados.

Estos programas han merecido críticas, y no porque haya quien pretenda o sugiera dar la espalda a estos grupos vulnerables, sino porque se han instrumentado con improvisación y con un evidente afán de construir una base electoral que le dé permanencia a Morena en el poder.

Lo hemos comentado, en el de adultos mayores no hay distingos, cada bimestre se reparten dos mil 700 pesos a cada persona mayor de 68 años, los necesite o no, pues no hay reglas ni se precisa un estudio socioeconómico para estar considerado en el padrón de derechohabientes.

En cambio el de discapacitados tiene un techo presupuestal y una limitante: los beneficiarios deben ser menores de 29 años, lo cual está dejando fuera a decenas de personas que en la adultez no tienen forma de allegarse un sustento pues están impedidos para trabajar, y a esa edad la mayoría ya no tienen un familiar que se encargue de ellos.

Todos estos programas dejan también fuera a los más vulnerables de nuestra sociedad: los indigentes que viven en la calle, muchos de ellos con padecimientos mentales y todos sin registro en el padrón electoral. Como no votan no le interesan al gobierno que los condena a seguir en la mendicidad.

Hay pues absurdos e injusticias en estos programas que quieren elevar ahora a la Constitución. Difícil va a ser que los otros grupos parlamentarios eviten la pretensión de Morena, pero al menos tendrían que intentar corregir el diseño y que este reparto de subsidio se haga con criterios más eficientes.

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