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PAGO-IMSS

PAGO-IMSS

27 de Agosto 2019

Por Eduardo J. De La Peña

Al Congreso del Estado llegó la semana anterior la situación que afrontan en Parras 39 pensionados municipales a los que se les suspendió su pago desde hace ocho meses.

El asunto se abordó en tribuna de una manera poco responsable. Más en el ánimo de sacar raja política del tema que en la decisión de impulsar una solución de fondo, el diputado independiente Edgar Sánchez planteó se exija al Cabildo de Parras pagar las pensiones pendientes.

Este asunto es mucho más grave y el problema impacta no únicamente a Parras, sino a la mayoría de los ayuntamientos de la entidad.

En 2016 la Auditoría Superior del Estado presentó un informe especial –que hasta ahora no se ha actualizado– el cual puso en evidencia que en 33 de los 38 municipios no cuentan con un sistema propio de pensiones, ni tampoco con un fondo o fideicomiso para el pago de las prestaciones. 

En esos 33 municipios no se tiene convenio con ninguna institución federal o estatal de seguridad social.

Es más, en once de los municipios no hay ni registro de personal jubilado, y en 22 pagan las pensiones del gasto corriente, algo que además de ser irregular y que llega hasta lo ilegal, afecta las finanzas municipales y no da certeza de que en el futuro se pueda seguir soportando esa carga.

En el informe de la Auditoría Superior, en 2016, se especificaba que Parras tenía 435 trabajadores en activo y 146 pensionados, sin evidencia de algún convenio con el Seguro Social ni el pago de aportaciones.

Con aparente contundencia salió entonces el punto de acuerdo en el Congreso exigiendo al alcalde de Parras que pague las pensiones, pero en realidad se hizo a la ligera, pues lo están hasta llevando a que incurra en algo ilegal si para pagar toma recursos del gasto corriente.

Tendría el Congreso que pedir a la Auditoría Superior o directamente a los Ayuntamientos un informe actualizado sobre la situación del esquema de pensiones de cada uno y encauzar soluciones definitivas. 

En 2016 se estimó que costaría más de 700 millones de pesos que cerca de 500 pensionados de 28 municipios fueran afiliados al IMSS, y no había desde luego recursos para ello.

¿Cuál es el monto actual?, ¿cuántos pensionados están desprotegidos y cuántos trabajadores en activo no cuentan con esa protección a futuro?.

Este es un tema trascendente del que se deberían ocupar seriamente en el Congreso y en el Ejecutivo, y gestionar con  las instancias federales los recursos para ponerse al corriente.  

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