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Viernes 26 de Julio 2024
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El secretario de la Defensa, favor con favor se paga
Rubén Aguilar Valenzuela
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, compró en 2020 un departamento de lujo, de 460 metros cuadrados, en el desarrollo Bosque Real, Naucalpan, Estado de México, a Alejandra Aguilar Solorzano por 9 000 000 de pesos.
Consta que su precio en el mercado era entonces de 30 000 000, tres veces más de lo que pagó el general, como lo probó una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Esta organización documenta que dos años después de la compra del departamento, la Sedena dio un contrato por 319 000 000 de pesos, por 48 000 000 juegos de placas balísticas, a la empresa Protective Materials Technology (Promatech), de la que es propietaria la vendedora.
Por Promatech, el contrato lo firma Erick Alejandro Ramírez Guerrero, apoderado legal de la empresa desde 2010. En el documento se incluye la anotación de que este es dueño de Abspro S.A. de C.V.
Las hermanas Aguilar Solorzano, Alejandra y Elisa, dueñas de Promatech, son las que entregaron el poder legal a Ramírez Guerrero, tal como consta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México.
El pasado jueves 30 de noviembre, MCCI dio ahora a conocer que la Sedena otorgó un contrato a la empresa de Ramírez Guerrero por 229 000 000 de pesos por la compra de 37 412 juegos de placas balísticas.
En actas consta que Ramírez Guerra vive en El Cortijo, una unidad habitacional popular en Tlalnepantla, Estado de México, lo cual es falso como comprobó MCCI y tampoco es cierta la dirección, también en Tlalnepantla, que su empresa reporta como domicilio fiscal.
Este no es el primer contrato que Abspro obtiene de la Sedena, ya en 2022 hizo otro por 16 090 000 pesos, también por la compra de juegos de placas balísticas, en la que se menciona a Promatech como uno de los licitantes.
La investigación de MCCI muestra que la relación comercial de Promatech y Abspro se ha dado desde hace muchos años como lo prueban facturas corroboradas ante la SHCP, que amparan operaciones comerciales por cantidades millonarias.
Los datos duros prueban que hay una relación de mutuo beneficio entre el general Sandoval y la empresa de Promatech, de Aguilar Solorzano, la vendedora del departamento, pero también de su apoderado legal.
Ante esta información probada con documentos que vienen en la investigación de MCCI ¿hará algo el comandante en jefe? ¿hará algo la Sedena? Todo indica que no. Ante evidentes actos de corrupción no se hará nada. Así ocurre en tiempos de la 4T.
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Se puede ver la investigación completa en:
@RubenAguilar
