Leslie Delgado
Luego que los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México firmaran una misiva dirigida a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, para que no sea retirada la prisión preventiva oficiosa del Código Penal, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, expresó su respaldo al ejecutivo del estado, ya que desde su perspectiva es un intento por mantener uno de los procedimientos judiciales que ha dado mayores resultados para la justicia mexicana.
“Habla de la preocupación que tienen los poderes ejecutivos con relación a los temas de seguridad, la prisión preventiva oficiosa en un país como México, que tiene circunstancias en algunos estados de inseguridad alta permite de manera oficiosa que los juzgadores podamos dejar la prisión a una persona del crimen organizado, a un feminicida, homicida sin necesidad de justificarla, simplemente con estar detenida dentro de los delitos señalados”, compartió en entrevista.
Respecto a Coahuila, este cambio se aplica desde el año pasado en todos los procesos judiciales derivado del fallo que emitió la CIDH a nivel nacional.
La carta menciona que los gobernadores estatales consideran que es totalmente necesario poner las leyes de la Constitución Mexicana por encima de las percepciones de organismos fuera del país. Esto debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que esta medida cautelar es totalmente inconvencional y sugirió eliminarla a todas las naciones que continúen esa práctica, incluyendo a México.
Dentro de las preocupaciones que existen entre los mandatarios se encuentra la protección de las víctimas y de los testigos pues se trata de una parte vulnerable que puede ponerse en riesgo en caso de que los acusados pasen su proceso en libertad, sobre todo aquellos que han cometido delitos graves.