NÉSTOR GONZÁLEZ
La reforma a la Ley General de Comunicación Social que se aprobó a finales de diciembre pasado, y que limita el presupuesto gubernamental destinado a medios, solo pretende limitar la libre expresión y asfixiar financieramente a las empresas de este giro, pues evita que los gobiernos estatales, municipales y los congresos ejerzan más del 0.1 por ciento de su presupuesto para difundir sus programas y actividades, consideró el diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso.
Dijo que aunque el Presidente ejerció una facultad que tiene al emitir ese decreto, es necesario que los medios sigan siendo un factor de expresión de la sociedad y no estén amordazados como pretende el mandatario federal.
“Lo que buscamos en la alianza es fortalecer la libertad de expresión, que los gobiernos estatales, municipales y federales puedan tener la posibilidad de difundir los trabajos independientemente del partido político que sean, sin que se coarte el derecho de opinión y de expresión de todos los medios de comunicación escritos, electrónicos y digitales que tenemos en nuestro país”.
Dijo que esta ley es anticonstitucional, pues al haberse aprobado por mayoría simple de Morena, se transgreden derechos ya adquiridos, y confió en que la Suprema Corte la habrá de echar para atrás, pues ya se han interpuesto controversias constitucionales al respecto.
Señaló que el partido oficial y el Gobierno federal pretenden meter presión a los medios, y recordó que ya hay una regulación para la publicidad gubernamental de los estados y municipios, con un sistema bien estructurado de transparencia, rendición de cuentas y topes presupuestales.