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Piden investigar a Isidro por corrupción

Imagen tomada de Internet

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05 de Octubre 2017
Diputados llaman a la ASE a revisar las denuncias

Diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitaron a la Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciar un proceso de fiscalización al Ayuntamiento de Saltillo, para que investigue los actos y omisiones que pudieran implicar irregularidades o conductas ilícitas al adjudicar contratos a modo, lo que implicaría incurrir en corrupción.

Eduardo Medrano Aguirre, legislador suplente en funciones, aseguró que su partido ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila por los actos de cohecho que se han ventilado sobre servicios que aparentemente nunca fueron dados, recursos exorbitantes pagados a prestadores que se dedican a giros distintos o pagados sobre servicios, que tienen un costo inferior al que se paga.

“Por ejemplo, el presunto pago que realizó el Ayuntamiento de Saltillo de casi medio millón de pesos en la elaboración de un manual o el pago por servicios de bacheo que se realizó a una estética, entre muchos otros actos que ponen en grave peligro las finanzas del Ayuntamiento”.

Medrano Aguirre expresó que actos como éstos no se pueden dejar pasar por el análisis puntual y escrupuloso de la lupa de la ASE, porque los ciudadanos merecemos y necesitamos conocer lo relacionado al ejercicio del recurso público.

“Queremos saber desde cuánto dinero se gastó, si los contratos tenían o no licitación, si el costo de los productos y servicios que se iban a adquirir eran congruentes con el valor real en el mercado, si a pesar de todo eso efectivamente se prestaron bienes y servicios en los términos y condiciones convenidos y además si fue de forma lícita; o bien si simplemente fue una simulación orquestada por quien maneja el Ayuntamiento de Saltillo para robarse el dinero”.

El diputado precisó que la Auditoría Superior del Estado, a través de su titular, debe iniciar un proceso de fiscalización al ayuntamiento, a fin de que se investiguen los actos y omisiones que pudieran implicar alguna irregularidad o conducta ilícita en la adjudicación de los contratos relacionados con los actos de corrupción y determinar si los precios estipulados en los contratos eran congruentes con el que tienen en el valor mercado y, finalmente, si efectivamente se prestaron o no dichos bienes y servicios.

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