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Jueves 30 de Junio 2022
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Garantiza TSJ impartición de justicia en convenio con la UIF

El presidente del Poder Judicial destacó que Coahuila es la segunda entidad con mejor Estado de Derecho. Foto: Leslie Delgado

El presidente del Poder Judicial destacó que Coahuila es la segunda entidad con mejor Estado de Derecho. Foto: Leslie Delgado

17 de Junio 2022

LESLIE DELGADO

El Tribunal Superior de Justicia firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Gobierno con el propósito de trabajar conjuntamente y garantizar la impartición de justicia. Este evento fue encabezado por el magistrado presidente, Miguel Mery Ayup y el titular de la UIF, Óscar Pimentel. 

“La Unidad de Inteligencia Financiera tiene como finalidad recabar, generar, analizar, consolidar y diseminar información patrimonial financiera y económica para la prevención e identificación que sean útiles para la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en ese sentido la UIF es una entidad cuya misión es coadyuvar con las instituciones de la procuración y administración de justicia en el combate de los delitos de alto impacto”, compartió Pimentel González.

Por su parte, Mery Ayup resaltó el trabajo en equipo que una vez más lograron con el ejecutivo para continuar con el proyecto de impartición de justicia que emprendió desde que inició su gestión como presidente del Tribunal Superior. 

“Somos el estado número dos a nivel nacional en estado de derecho, lo dice World Justice Project, de la solidez que tiene Coahuila y no vamos a permitir que esto se ponga en duda. Me parece que hoy se signa uno de los convenios más importantes que tiene el Poder Judicial y la presencia del titular de la UIF consolida un proyecto para la seguridad en el estado y se aplicará todo el peso de la ley a quien cometa actos de corrupción”

Finalmente, a un año de que se realicen los comicios electorales el magistrado presidente mencionó que precisamente este convenio favorecerá la aplicación estricta de la ley ya que brindará al estado frente a empresarios o funcionarios que quieran hacer uso de recursos públicos en beneficio de actividades electorales.