España: séptimo país en el mundo en legalizar la eutanasia

REDACCIÓN

 

Las y los legisladores del parlamento español se pronunciaron a favor de la medida con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. Se prevé que tanto la eutanasia como el suicidio asistido entren en vigor a mediados de este año.

 

España se convirtió el pasado jueves 18 de marzo en el primer país con tradición católica en aprobar esta medida, y a su vez se colocó como el séptimo país del mundo, cuarto en Europa, en permitir el suicidio asistido y la eutanasia para los aquellos pacientes que padezcan enfermedades terminales y personas con enfermedades permanentes insoportables.

Además del país europeo, esta medida es legal en Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza. Así como en algunos territorios de la Unión Americana.

Carolina Darias, ministra de salud, aplaudió la aprobación de la ahora ley, y la calificó como un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos humanos”. “Nos dirigimos a una sociedad más humana y justa” agregó ante el Congreso de Diputados.

En el  mismo contexto, el presidente de la asociación española Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, comentó que la ley “ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas, Se pedirán pocas eutanasias, pero la ley beneficiará a toda la sociedad”.

No obstante, las criticas ante la nueva ley por parte de los partidos conservadores del país, no se hicieron esperar. PP, UPN y Vox hicieron clara su postura en contra argumentando que “de aprobarse una ley de paliativos no haría falta una de eutanasia”. Por su parte, Lourdes Méndez, miembro de la formación de ultraderechas, expresó que la ley incita e implanta una cultura de desastre y muerte en la población.

Los legisladores más conservadores de parlamento se pronunciaron en contra de la propuesta y prometieron revocar la legislación en un futuro.

Siguiendo el mismo contexto, el médico miembro del Partido Popular, José Ignacio Echániz, aseguró que la eutanasia es solicitada bajo un yugo de dependencia y fragilidad y no desde la autonomía, asegurando que al ser tratado el deseo de morir podría desaparecer.

Ante este panorama, los partidarios de la ley temen que las comunidades autónomas de España tengan sesgos y por lo tanto, que en algunos lugares sea más difícil conseguir la ayuda solicitada.