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Hace 1 mes
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Saltillo, Coahuila / 7 septiembre 2018

En el tintero

Por: Jessica Rosales

Los intentos en Coahuila por erradicar los actos de corrupción pareciera que no están funcionando como se esperaba; la cultura de la denuncia aumenta, pero las acciones para ganar la confianza ciudadana no rinden frutos.

El poder legislativo se encuentra en una etapa importante, está en proceso de emitir las bases para elegir a quienes fungirán como contralores internos de organismos públicos autónomos, pero resulta necesario que los perfiles sean realmente ciudadanos sin vínculo alguno con la política ni con el gobierno.

No negarán que muchos de los que actualmente son responsables de fiscalizar, vigilar y sancionar a los servidores públicos que incurran en irregularidades o actos de corrupción son personas muy cercanas de quienes presuntamente están investigando, sea por amistad, carrera política y hasta por relaciones familiares.

En los casi 20 años de trabajo como reportera he visto personalmente como tras su paso por el servicio público han convivido con sus “vigilados”, porque pertenecen o pertenecieron al mismo grupo político, estudiaron en la misma facultad, compartieron mesa en el festejo de algún gobernante, en fin, andan en lo mismo.

Tal vez algunos tienen toda la intención de sancionar, pero cómo quitar ese vínculo del pasado si está de por medio la amistad o algún apoyo político que tal vez recibieron en campaña.

Teresa Guajardo Berlanga, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas en el estado hace muy poco participó como candidata a diputada local por el PRI y recibió de quienes hoy “vigila” el apoyo político para sumar votos. Jesús Flores Mier, en sus inicios ocupó importantes puestos en gobiernos del PRI junto a un grupo político del que algunos integrantes siguen ocupando posiciones importantes. ¿Será que por eso en ninguno de los casos se han emitido sanciones? Sinceramente confío en que pronto con sus acciones desacrediten estas notas de En el tintero.

Y es que cómo confiar en la justicia si de quienes dependen los funcionarios señalados por corrupción demeritan la evidencia y las investigaciones. Por ejemplo, Higinio González Calderón, secretario de Educación Pública, en el caso del Cecyte en donde se denunció la venta de libros gratuitos, respaldó la versión de que se trató de un mal entendido ¿de casi medio millón de pesos?

En el Poder Judicial ¡Qué le digo! La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú, se convierte en juez y parte, pues mientras acomoda a sus allegados en puestos clave durante las sesiones del Consejo de la Judicatura, órgano que también preside, ignora las quejas y la evidencia en contra de sus subalternos ¿o por qué cree que no ha hecho nada en contra de los 100 jueces señalados por corrupción? Ni uno sólo ha sido, siquiera, amonestado. A decir de la magistrada porque tienen mucha carga de trabajo ¿Y eso justifica la corrupción?

Y la Auditoria Superior del Estado, ni qué decir, las denuncias que presenta jamás proceden en la Fiscalía General del Estado ¿Cuál será la razón?

Basta de contralores a la medida y de vigilantes amigos, urge un frente real contra la corrupción.

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