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Enfoque

03 de Marzo 2020

Por: Eduardo J. De La Peña

Dos hechos ocurridos en los días anteriores vuelven a colocar en la agenda social y mediática la pregunta ¿Qué ocurre con los antros en Saltillo?.

Conocimos primero del caso de un joven que fue salvajemente golpeado por los encargados de seguridad de uno de estos lugares, y a los pocos días se supo de un operativo de autoridades municipales para verificar que los centros nocturnos operen dentro de la regulación, no permitan el acceso a menores ni vendan drogas, según lo que se dijo en un comunicado oficial.

Es plausible por supuesto que las autoridades hayan efectuado esa inspección, de hecho la tendrían que realizar con frecuencia, pero ahora lo importante es que hagan público lo que detectaron, y las sanciones que impusieron.

No podrán decirnos que todos esos sitios operaban en regla y que no encontraron ninguna irregularidad, pues es bien sabido que por ejemplo el permitir acceso a menores, y venderles alcohol, es una práctica común.

Se habla mucho de que en algunos de esos lugares hay también venta de drogas, pero ahí no necesariamente es atribuible a la administración del establecimiento.

En un ejercicio de transparencia deberían hacer públicos los resultados de ese operativo, para que a la sociedad le quede certeza de que la autoridad está actuando atendiendo a su obligación legal y la voluntad de proteger a la población, y que no fue un apretón superficial producto de que los elementos de seguridad se excedieron ahora con alguien cuyos padres sí se hicieron escuchar.

Pero, como en todo, aquí no hay únicamente una responsabilidad de la autoridad, la hay desde luego de la sociedad.

Si hay menores de edad que están acudiendo a esos lugares y consumiendo ahí alcohol, como hay también muchos que lo están comprando directamente en las llamadas tiendas de conveniencia, utilizando en ambos casos identificaciones falsas, ahí la principal falla es de los padres.

Hoy en día cualquier muchacho mayor de quince años conoce de alguien que tiene una “INE fake”, y tiene al menos idea de cómo obtenerla, al parecer por menos de mil pesos.

Eso pasa porque hay padres permisivos, y no se trata de un sermón ni de un reproche moralino. No han pasado ni diez años de esa terrible escalada de violencia e inseguridad que sacudió a Saltillo y otras poblaciones de Coahuila, y el desorden comenzó con este tipo de conductas.

Claro hubo circunstancias que la agravaron, pero las cosas no se habrían desbordado en esa magnitud si la sociedad hubiera estado más atenta y los padres se hubieran ocupado mejor de sus hijos, y de ellos mismos.

No se está pidiendo que la autoridad reprima e imposibilite una actividad comercial, simplemente que garantice el respeto a las leyes, por el bien de todos.

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