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Enfoque

Foto: Especial

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12 de Noviembre 2019

Por: Eduardo J. de La Peña

En una decisión evidentemente de gabinete, el gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, incluye a Coahuila junto a otras diez entidades mexicanas en su nivel tres o naranja de alerta de seguridad que implica recomendar la reconsideración de viajes, o evitarlos “debido a los graves riesgos”.

Los cinco estados que nos son colindantes, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León, están también en la alerta naranja. Tamaulipas, que nos es muy próximo, está en rojo, el máximo nivel, que implica la recomendación de no viaje.

La mayoría de esos estados vecinos tienen serios problemas de violencia, están geográficamente en una misma región que Coahuila, pero definitivamente no estamos en la misma situación que ellos.

En ese contexto no es difícil pensar que los funcionarios responsables de evaluar los riesgos se están guiando más por proximidad geográfica, que por un análisis real de incidencia de hechos delictivos.

Aquí sí es donde las estadísticas y la observación de campo tendrían que hablar.

En Coahuila se ha trabajado con persistencia en una estrategia que da resultados bastante buenos en seguridad, además de que se tiene estabilidad laboral y se demostró un alto nivel de control en los picos del flujo migratorio, por lo que se puede afirmar que a la entidad pueden llegar los visitantes y las inversiones estadounidenses sin un riesgo mayor.

No estamos exentos de que se lleguen a presentar delitos y hechos violentos, como no lo está ninguna otra entidad, ni siquiera las de Estados Unidos, pero por Coahuila se puede transitar sin un riesgo inminente.

Si la realidad fuera otra, aún y cuando la autoridad local quisiera ocultarlo –que no se les percibe en esa actitud– la verdad saldría a relucir, porque cuando ocurren asaltos, secuestros u otros delitos violentos, eso se sabe de inmediato de boca en boca.

Llama la atención que el Departamento de Estado del vecino país nos ponga en un nivel de seguridad equiparable ya no digamos a Haití o Bolivia, sino simplemente a Chihuahua, donde en nueve meses ha habido mil 800 homicidios, un promedio de seis diarios, o Sonora donde ocurrieron los hechos de la semana anterior que todos conocimos en que precisamente fueron ejecutados ciudadanos estadounidenses, mujeres y niños.

Pero más llama la atención que ante la alerta de viaje estadounidense no haya la menor reacción de las Oficinas de Convenciones y Visitantes, o los organismos empresariales que aglutinan a hoteleros y a otros prestadores de servicios turísticos.

Tampoco se ha escuchado la voz de los ganaderos diversificados que están por entrar a su única temporada de venta de paquetes cinegéticos, que va de fines de noviembre a principios de febrero.

Más que el gobierno local, son ellos los que, al ver amenazada su actividad económica, tendrían que dirigir un reclamo al Departamento de Estado y activar una estrategia inmediata para limpiar la imagen de la entidad ante los estadounidenses.

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