Enfoque

Por Eduardo J. De La Peña

El hallazgo de una polilla en un envío comercial de tuna, de México a Estados Unidos, provocó que todo ese cargamento fuera devuelto, y que se eleven los márgenes en las inspecciones fitosanitarias, con lo que se está dificultando la exportación de este producto y se tiene el riesgo de que la frontera sea cerrada en definitiva.

La producción y exportación de tuna es relevante en la vida económica de entidades como Zacatecas, Puebla, Hidalgo y el Estado de México, que como bien se sabe sus comunidades rurales viven en condiciones de extrema marginación.

Este asunto, que hasta hoy no ha sido noticia más allá de los lugares en que afecta directamente, debería llamar la atención de las autoridades federales y de la Cámara de Diputados ahora que se está diseñando el presupuesto de egresos para el año próximo.

El proyecto que la Secretaría de Hacienda envió a los diputados, no contempla, a diferencia de lo que se ha establecido en otros años –sobre todo desde que estamos en un acuerdo comercial con Estados Unidos– recursos para campañas fitozoosanitarias, tampoco para inspección y vigilancia epidemiológica ni para inocuidad alimentaria.

Son varios los rubros en los que se recorta el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Rural, éste en particular salta a la vista por lo drástico del ajuste.

Tal pareciera que no hay en el gobierno federal conocimiento de la importancia que tienen la sanidad vegetal y animal.

No tener una estructura para hacer frente a los brotes de plagas y enfermedades, sobre todo ahora en que las amenazas se magnifican con las alteraciones producto del cambio climático, ponen en riesgo no únicamente la posibilidad de exportar, sino hasta la supervivencia de los hatos ganaderos y los campos de cultivo.

El asunto no es menor.

Tal vez planteado como un riesgo para los productores de tunas no nos diga mucho en un estado como el nuestro en que no las producimos. Pero la misma amenaza existe en la ganadería, actividad de la que dependen muchos coahuilenses, y en general para todo el sector agropecuario y forestal.

No faltará quien desde luego considere que es un asunto de competencia y conveniencia de los particulares que a esas actividades se dedican, y que si tienen potencial exportador, también lo tendrán para costear las medidas de prevención y control.

Algo hay de cierto en ello, pero debe tomarse en cuenta que la certificación o estatus sanitario se da por zonas, es decir que si usted cuida sus vacas, o sus tunas, pero su vecino no lo hace, no se va a librar de que lo etiqueten en situación de cuarentena, algo que ya ha ocurrido anteriormente para los ganaderos en la región Centro de Coahuila.

La mayor inversión para control de plagas y enfermedades la han hecho siempre los particulares, lo que corre a cargo del gobierno es la inspección y, parcialmente, el monitoreo. ¿Qué va a ocurrir ahora sin los recursos para esos programas?.

Es absurdo, todos los rubros dentro del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural que tienen que ver con  entregar dinero directo a los campesinos, están creciendo, en detrimento de los relacionados con productividad y empleo.

A ver si se dan cuenta los diputados y corrigen el proyecto de presupuesto para evitar que esa estrategia electorera merme la capacidad productiva del país.

[email protected]