Enfoque

Por Eduardo J. De La Peña

En la madrugada del jueves anterior un nuevo choque entre unidades de transporte de personal cobró cuatro vidas y dejó al menos diez lesionados.

Se dieron desde luego las esperadas reacciones: la publicación de estadísticas de estos recurrentes accidentes, y el reclamo de los voceros empresariales  a las autoridades por las condiciones en que se encuentran las carreteras que convergen a Saltillo.

Es entendible, deseable y necesario, que la iniciativa privada exija al gobierno mejores vías de comunicación, pues para eso son los impuestos que cobran puntualmente.

Pero en este tema de los accidentes, como en muchos otros, hablar de la responsabilidad del o los gobiernos, es referirse únicamente a uno de los factores, que puede hacer mucho ruido, pero al paso del tiempo nada se soluciona.

Si nos remontamos en algunos antecedentes encontraremos que el llamado servicio de transporte especializado surgió cuando las empresas constataron que el transporte público en Saltillo no les garantizaba la llegada puntual de sus trabajadores.

Con el auge industrial en la región, y la dispersión de los centros productivos, este servicio tuvo también un crecimiento, y el negocio que era antes de algunos líderes gremiales llamó la atención de poderosos empresarios saltillenses que ahora incluso hasta ensamblan sus propios autobuses, y se han expandido a otras entidades con necesidades similares.

Los accidentes vienen ocurriendo desde que se comenzó a dar el servicio, y se han ido agravando a la par que los traslados se van alargando, utilizando rutas carreteras.

Sí, a las autoridades les compete dotar de la infraestructura carretera y regular este tipo de servicios, pero hay también una responsabilidad de los prestadores de los mismos y, también, de las empresas que les contratan.

Conductores que recorren habitualmente la ruta, hoy de alto riesgo, entre Buenavista y Derramadero, han observado que en la carretera las unidades de transporte de personal vuelan y sus operadores son incluso más temerarios e imprudentes que a como acostumbran en el área urbana, pero al llegar a los complejos industriales se transforman.

Ya en las inmediaciones, y por supuesto en el interior de las plantas, observan todas las medidas de seguridad que las empresas –sí, las empresas– les exigen.

Tenemos entonces ahí un viso de posible solución: que esas empresas velen por la integridad de sus trabajadores en toda la ruta. Las herramientas tecnológicas hoy en día permiten un monitoreo constante de las velocidades de desplazamiento, hay ahí una posibilidad de control o moderación para los operadores.

Las autoridades deben cumplir con lo que les corresponde, pero que también los empleadores pongan algo de su parte, tienen la mejor de las herramientas coercitivas: el que paga manda. Si el compromiso moral con sus empleados no les alcanza para velar por su seguridad, que lo vean entonces como una conveniencia en sus negocios: entre menos accidentes también menos incapacidades y rotación de personal.

Si las soluciones tradicionales no funcionan –y no han funcionado durante años– pues a buscar otras entonces.

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