El narco y las elecciones de ayer y de mañana

RUBÉN AGUILAR VLAENZUELA

En las elecciones del pasado 6 de junio las zonas que se contemplaron como de mayor riesgo en la intervención del crimen organizado fueron los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Estado de México, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca, según dirigentes de los partidos.

La violencia se hizo presente en 576 municipios de las 32 entidades federativas. Los estados con un mayor incremento fueron Veracruz con 152 delitos, un aumento del 280 % y Campeche con 19 delitos y un aumento del 204 %, según la consultora en seguridad Etellekt.

Los mayores peligros, hechos realidad por parte del crimen organizado, fue el asesinato de candidatos, agresiones físicas y tortura, obligar a la renuncia de precandidatos y candidatos, evitar que los partidos pusieran candidatos, imponer candidatos, y diversos tipos de sabotaje a las campañas.

A lo largo de la contienda la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal dio protección a 117 candidatos y anunció también diversos operativos de seguridad a cargo de la Guardia Nacional, pero no redujo los niveles de violencia. Es posible pensar que todavía pudo ser peor sin estas acciones.

En la jornada electoral 2020-2021 se registraron 1,066 agresiones contra políticos y candidatos, que incluyen amenazas, intimidaciones, golpes, torturas, secuestros y homicidios. Es 38 % más en comparación con las 774 agresiones, del proceso electoral de 2017-2018.

El número de los políticos asesinados durante la campaña fueron 102 y de éstos 36 eran aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Del total 87 eran hombres (29 aspirantes y candidatos) y 15 mujeres (7 aspirantes y candidatas). Desde 2000 es el segundo proceso con más homicidios solo abajo de la elección de 2018.

De acuerdo a distintas fuentes el número de las renuncias a diputaciones locales y alcaldías, por amenazas de grupos del crimen organizado, oscila entre 50 y 100.

Las amenazas, agresiones y asesinatos se dirigieron en un 80 % contra candidatos opositores que competían por cargos en el gobierno municipal, el congreso local y también estatal de acuerdo a un estudio de la consultora en seguridad Etellekt.

Esto porque los grupos del crimen organizado, por lo general, prefieren que retenga el poder el partido y los candidatos que ya estaban gobernando. A ellos los conocen y en muchos casos ya tienen algún tipo de relación y acuerdo.

En versión de esta misma consultora, que confirman otras investigaciones, en los actos de violencia, incluso en los asesinatos contra políticos y candidatos, suelen estar implicados policías estatales y municipales de los gobiernos en turno.

En 2022 habrá elecciones de gobernador en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo. En los dos últimos también se elige a los diputados locales y alcaldes. En 2023, se disputan las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México.

Y en 2024 tendrá lugar la elección del presidente de la República y todos los integrantes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y también elección de gobernador en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

A partir de la experiencia de los últimos años, sobre todo los más recientes, lo que se puede esperar es que en los procesos electorales de 2022, 2023 y 2024 habrá una intervención del crimen organizado igual o todavía mayor a la que ocurrió en la contienda 2020-2021. ¿Los tres órdenes de gobierno no harán nada? ¿Solo van a contemplar que las cosas sucedan? Está en juego la democracia y la seguridad nacional.