Ciudad de México, 23 de octubre de 2026.— Una reunión privada que comenzó entre gritos, reclamos y acusaciones mutuas fue la que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el pasado 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez.
Así lo reveló la mandataria panista durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, transmitida la noche del jueves por Latinus, en la que ofreció detalles de un encuentro que hasta ahora había permanecido rodeado de especulaciones políticas.
Campos aseguró que durante los primeros diez minutos ambas elevaron la voz y se reprocharon asuntos relacionados con la seguridad pública, la intervención de agentes estadounidenses en territorio mexicano y las acusaciones que el Gobierno federal había lanzado contra la administración chihuahuense.
La gobernadora relató que Sheinbaum le reclamó haber permitido el ingreso de agentes estadounidenses a México para participar en un operativo contra el crimen organizado, situación que provocó una controversia por sus implicaciones para la soberanía nacional.
Por su parte, Campos aseguró que cuestionó duramente a la presidenta por la falta de respaldo federal para enfrentar la violencia en Chihuahua, particularmente en la Sierra Tarahumara y en el municipio de Guadalupe y Calvo.
“¿Dónde está tu humanidad? ¿Dónde está tu corazón?”, relató la gobernadora haberle reclamado a la mandataria federal durante el encuentro.
La panista sostuvo que uno de sus principales motivos de inconformidad fue haber sido señalada reiteradamente desde las conferencias presidenciales por una supuesta traición a la patria relacionada con la participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad.
ACUSA A ARIADNA MONTIEL DE VÍNCULOS CON EL NARCO
Uno de los momentos más delicados de la entrevista ocurrió cuando Maru Campos reveló que, durante aquella reunión, acusó directamente a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, de presuntos vínculos con el crimen organizado en Chihuahua.
Según su versión, hizo el señalamiento frente a la propia presidenta, quien reaccionó con molestia y le exigió moderar sus expresiones.
Las acusaciones de Campos contra Montiel no estuvieron acompañadas de pruebas públicas que permitieran corroborarlas, por lo que constituyen señalamientos de la gobernadora y no hechos acreditados.
NIEGA PACTO PARA ENTREGAR CHIHUAHUA
La gobernadora también rechazó categóricamente las versiones sobre un supuesto acuerdo político con Claudia Sheinbaum que involucraría la detención del exfiscal César Jáuregui y una eventual negociación electoral para favorecer a Morena en Chihuahua.
Campos aseguró que no existe ningún compromiso para entregar políticamente la entidad al partido oficialista y descartó que tenga contemplado aceptar una embajada como parte de un entendimiento con el Gobierno federal.
La polémica cobró fuerza tras la detención del exfiscal César Jáuregui, acusado de traición a la patria por su presunta responsabilidad en los acontecimientos relacionados con la participación de agentes de inteligencia estadounidenses en un operativo realizado en Chihuahua.
Maru Campos sostuvo que el ambiente de confrontación durante su encuentro con Sheinbaum hacía imposible cualquier negociación de esa naturaleza.
SHEINBAUM TAMBIÉN RECHAZA NEGOCIACIONES
El pasado 20 de octubre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum también negó que hubiera existido algún acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua.
La mandataria federal sostuvo que su administración no negocia la aplicación de la justicia y rechazó las versiones que relacionaban la investigación contra el exfiscal con una eventual recompensa política para Campos.
La entrevista concedida a Latinus abre un nuevo capítulo en la confrontación entre los gobiernos federal y de Chihuahua, en momentos en que el proceso electoral de 2027 comienza a intensificar las diferencias entre Morena y Acción Nacional.
Las revelaciones de la gobernadora colocan nuevamente bajo los reflectores la relación entre ambas mandatarias, particularmente por la gravedad de los señalamientos relacionados con el crimen organizado, la actuación de autoridades extranjeras en territorio mexicano y el eventual uso político de las investigaciones judiciales.