Alrededor de 300 canalizaciones relacionadas con posibles casos de omisión de cuidados se han realizado en lo que va de 2026 en Acuña, informó Ricardo Alderete Lomas, Subprocurador de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), quien advirtió sobre los riesgos y las implicaciones legales de las relaciones sexuales entre personas adultas y menores de edad. Señaló que debido a la dinámica poblacional de Acuña, donde reside un importante número de familias provenientes de otras regiones del país, persisten prácticas culturales en las que se considera normal que las mujeres y los hombres formen una pareja a edades tempranas.
Aclaró que las costumbres familiares no están por encima de las disposiciones legales vigentes en Coahuila y recordó que actualmente no existe la figura de emancipación que anteriormente permitía, bajo determinadas condiciones y con el consentimiento de los padres, que una persona menor de edad contrajera matrimonio, por ello, hizo un llamado a las familias a informarse y evitar que sus hijas e hijos menores de edad establezcan uniones con personas adultas que puedan derivar en conductas delictivas.
Explicó que cuando la PRONNIF o alguna otra institución detecta una posible vulneración de derechos, se activan los protocolos correspondientes para proteger a los menores e indicó que estas situaciones pueden identificarse, por ejemplo, durante la atención médica en hospitales, particularmente cuando se detectan embarazos en adolescentes. Recaló que el objetivo no es criminalizar el noviazgo entre jóvenes, sino advertir sobre los riesgos que representan las relaciones sexuales en las que participan menores de edad, especialmente cuando existe una diferencia de edad y de madurez que puede favorecer situaciones de manipulación o abuso.
En ese sentido, insistió en que los padres de familia deben prestar atención a las relaciones de sus hijos adolescentes y comprender que permitir un noviazgo con una persona adulta puede exponerlos a situaciones de riesgo. Agregó que incluso cuando ambos integrantes de una pareja son menores de edad, es necesario revisar las circunstancias específicas, pues determinadas conductas pueden tener implicaciones legales.
Manifestó que una de las principales dificultades consiste en que algunos padres justifican estas relaciones a partir de sus propias experiencias, al recordar que ellos mismos contrajeron matrimonio o comenzaron una vida en pareja durante la adolescencia. Sin embatgo recalcó que las prácticas que pudieron considerarse habituales en otras generaciones no necesariamente son compatibles con la legislación actual.
Además de las consecuencias jurídicas, advirtió que los embarazos a edades tempranas pueden representar riesgos importantes para la salud de las adolescentes y sus bebés, especialmente cuando ocurren a los 12 o 13 años, cuando el desarrollo físico y emocional todavía está en proceso. Hizo ver que la maternidad durante la adolescencia también implica desafíos psicológicos y familiares, pues las jóvenes pueden carecer de la madurez y de las condiciones necesarias para asumir las responsabilidades de la crianza.
Esta situación puede repercutir directamente en los derechos de los niños que nacen en esos contextos; además indicó que en algunos casos, los abuelos terminan asumiendo la responsabilidad de cuidar a sus nietos ante las dificultades de los padres adolescentes para hacerse cargo de ellos. Señaló que esta dinámica puede convertirse en un problema social cuando las familias no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo y bienestar de los menores.
Advirtió que cuando se detecta que los padres no cumplen adecuadamente con sus responsabilidades de cuidado, pueden configurarse posibles conductas de omisión de cuidados, las cuales deben ser investigadas por las autoridades competentes y las consecuencias dependerán de las circunstancias particulares y de lo que determinen las instancias encargadas de investigar los hechos.
Respecto a las cifras, el Subprocurador precisó que las aproximadamente 300 canalizaciones registradas durante 2026 corresponden a posibles casos de omisión de cuidados y no necesariamente a delitos comprobados o procesos penales iniciados. Reiteró el llamado a los padres de familia para que conozcan las disposiciones legales, dialoguen con sus hijos sobre los riesgos de las relaciones sexuales a temprana edad y eviten normalizar situaciones que puedan comprometer su integridad, su desarrollo y el respeto a sus derechos.