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Derechos Humanos pide a SCJN atraer casos de desaparición forzada

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17 de Febrero 2020

México, 17 Feb (Notimex).-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes presuntamente fueron víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, y que hasta ahora no han sido localizados.

La petición la hizo la titular de la Comisión, María del Rosario Piedra Ibarra, tomando en cuenta los antecedentes, toda vez que se aprecia que las investigaciones ministeriales y las acciones de búsqueda no han concluido.

El 12 de diciembre de 2019, el Segundo Tribunal Colegiado de lo Penal del Primer Circuito solicitó a la SCJN analizar la validez de un amparo otorgado por un juzgado de distrito a los familiares de ambos luchadores sociales, que permitiría profundizar en las investigaciones y continuar la búsqueda.

La CNDH compartió la indignación de los familiares y exhortó a las autoridades que se inconformaron con una resolución de amparo a revisar la tramitación de recursos que sólo causan dilación en las investigaciones, así como a facilitar en este y en todos los casos de desaparición forzada, la realización de todas las diligencias de investigación y búsqueda que se requieran, sin limitaciones, ofreciendo a los agraviados una respuesta con verdad, transparencia y dentro del marco legal.

El viernes 9 de febrero, Piedra Ibarra recibió y escuchó a los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes le plantearon pronunciarse para que la SCJN atraiga el caso.

Al respecto, el organismo nacional recibió los días 4 y 13 de junio de 2007 escritos que dirigieron los representantes de los organismos no gubernamentales “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez” y de la “Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos”, respectivamente, a través de los cuales solicitaron a la CNDH su intervención para investigar tales hechos y lograr la presentación con vida de los agraviados o, en su caso, se les pusiera a disposición de las autoridades competentes, en caso de que hubiesen participado en la comisión de algún delito.

La CNDH radicó en su momento el expediente de Queja 2007/3565/1/Q, a cargo del entonces Programa de Presuntos Desaparecidos (PREDES) y el 13 de febrero de 2009, al agotar las diligencias de investigación correspondientes, emitió la Recomendación 007/2009, dirigida al entonces secretario de Gobernación, en representación del gobierno federal, en términos del artículo 5 fracción VIII del reglamento interior de dicha dependencia, al gobernador de Oaxaca y al alcalde de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo a la investigación, la CNDH estableció que servidores públicos del Estado Mexicano, en particular de la entonces Procuraduría General de la República; de la Secretaría de Protección Ciudadana de Oaxaca, y de la Procuraduría General de Justicia, así como la Dirección General de Seguridad Pública del municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, vulneraron los derechos humanos de libertad, integridad personal, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, defensa y debido proceso, contenidos en los diversos ordenamientos legales nacionales y en los compromisos internacionales suscritos por nuestro país, respecto de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Los casos fueron informados al gobierno de México el 4 de diciembre de 2009, por el Comité sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), razón por la cual, también se encuentran en seguimiento.

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NTX/OOO/LVR