JESSICA ROSALES
Empujar, golpear, patear, insultar y burlarse del aspecto físico son algunas de las características que engloban el acoso escolar en México y que ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes, quienes al verse vulnerados e inmersos en esta situación, tienen miedo a denunciar.
La muerte de Norma Lizbeth en el Estado de México, una jóven de 14 años que falleció a raíz de los golpes propinados en la cabeza con una piedra por parte de una de sus compañeras de secundaria ha conmocionado a la sociedad y puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención en los estados, pero también la responsabilidad de las propias familias y la sociedad.
El acoso escolar no sólo puede derivar en la muerte de un estudiante por la violencia entre los adolescentes, también ha llevado al registro de amenazas de tiroteos y tiroteos en las instituciones con víctimas fatales como los casos ocurridos en 2014 en la secundaria 574 del Estado de México, en 2017 en el Colegio Americano de Nuevo León, y 2020 en el Colegio Cervantes en Coahuila.
En Coahuila el primer protocolo se elaboró y puso en funciones en el año 2013, mientras el gobierno federal entonces a cargo de Enrique Peña Nieto trabajaba en la política nacional contra el acoso escolar, aunque éste se fortaleció en el estado en 2020 y permanece vigente; mientras que en 2014 se impulsó el Operativo Mochila.
En entrevista para Sexto Día de Grupo Región, Dustin Amaya, encargado de Prevención Escolar de la Secretaría de Educación en Coahuila habla de la importancia de la responsabilidad no sólo de las instituciones sino de la participación de los padres de familia y la sociedad en general.
Destaca que aunque al momento de ingresar a las escuelas, los docentes y directivos tienen responsabilidad de vigilar ese entorno, al exterior toca a la sociedad asumir las obligaciones para prevenir actos que puedan poner en riesgo a cualquier ciudadano.
Por su parte, el abogado Ángel Siller, señala que existen procesos judiciales que se pueden realizar cuando el acoso escolar representa ya un daño físico o psicológico, a través de las leyes vigentes con el objetivo de que los menores conozcan las consecuencias de sus actos.
Para el abogado son las circunstancias y el núcleo familiar del que se rodea el menor, algunas de las causas del comportamiento de los jovenes que desafortunadamente pueden caer en delitos y convertirlos en menores infractores.
Riñas entre estudiantes, responsabilidad ciudadana
Tras las riñas y plietos entre estudiantes que se registran al exterior de las escuelas o a unas cuantas cuadras de la institución, las autoridades educativas señalan que es una responsabilidad de todos, pues al ser cometidas fuera del plantel corresponde a quienes son testigos solicitar la presencia de las autoridades.
Es así que aún y cuando se notifique a los directivos de la escuela, éstos y los propios ciudadanos o habitantes del sector tienen el deber social de llamar a la policía preventiva para que se tomen acciones que contengan la pelea y lleven a cabo los procesos que correspondan.
“Como ciudadanos responsables todos debemos hacer algo, esa es la parte que debemos tener conciencia social y es la que nos falta, porque todos decimos algo esta pasando, pero nadie quiere asumir la responsabilidad. No se trata de intervenir sumándonos al conflicto sino el deber ser, hablarle a la autoridad competente”, señala Dustin Amaya encargado de Prevención Escolar de la Secretaría de Educación en el estado.
Menciona que en Coahuila algunas escuelas cuentan con un sistema de inteligencia que permite a los padres de familia estar informados al momento justo en que sus hijos ingresan y/o salen de la institución a través de una aplicación móvil como es el caso de las secundarias Federico Berrueto Ramón y Nazario S. Ortiz Garza en Saltillo.
De acuerdo a la Ley Estatal de Educación en su artículo 88 son obligaciones de los padres o tutores del estudiante: “Hacer que sus hijos, pupilos, o representados menores de edad, concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener educación básica y media superior en los términos previstos por las disposiciones aplicables; y recoger a sus hijos, pupilos, o representados menores de edad, en la institución educativa al final de la jornada escolar”.
Así mismo, “coadyuvar con las autoridades escolares en la atención de los problemas de conducta o de aprendizaje de sus pupilos, hijos o representados, en la prevención y solución de problemas de conducta, de afectación a la integridad y la seguridad, o de violencia física o psicológica; así como corresponsabilizarse en la instrumentación de las acciones que se determinen para brindar protección y salvaguarda a sus hijos pupilos o representados menores de edad”.
Menores podrían ir a la cárcel por bullying
Si bien en Coahuila no esta tipificado el bullying como delito, existen mecanismos judiciales para interponer una demanda civil o penal, ya sea por posible responsabilidad de una institución o de un menor en caso de daño físico o psicológico derivado del acoso escolar.
Así lo explica el abogado Ángel Siller, quien expone que los niños mayores de 12 años que cometan un delito grave pueden ser privados de la libertad como sanción e internados en el Consejo tutelar; y en menores de 12 años se aplican medidas como terapias, rehabilitación, etc que no son privativas de su libertad, sin importar el delito.
Lo anterior, ya que de acuerdo a la ley por su edad quedará exento de toda responsabilidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a las que haya lugar.
“Por ejemplo, si el actuar de un niño de acoso lleva a otro a un problema psicológico hay una sanción civil a lo daños y perjuicios; y existe la sanción penal cuando el menor se siente vulnerado donde se da la reparación del daño y puede darse aquí la privación de la libertad”, comenta.
¿Qué hacer para prevenir y denunciar?
Coahuila mantiene vigente desde 2020 un protocolo de prevención que debe difundirse y socializarse al inicio de cada ciclo escolar entre los docentes y padres de familia, mismo que contiene temas de violencia como acoso, abuso sexual, y otros temas de riesgo.
Es así que la primera comunicación deberá ser con los docentes y directivos de la escuela, si se agota esta instancia, podrá acudir al área jurídica de la Secretaría de Educación. Además, podrá comunicarse al 800 ACOSO, es decir, 8009222782 y/o el correo electrónico [email protected]
Lo anterior, sin dejar de apoyarse en otras autoridades, si lo considera necesario, como es la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) o Atención a Víctimas.
Así mismo, se puede implementar el Operativo Mochila que previamente será autorizado por un Comité integrado por padres de familia quienes estarán presentes al momento de la revisión y junto con directivos senibilizarán y estarán atentos de la capacitación de otra autoridades para evitar que se vulnere algún derecho.
APUNTE
SUCESOS QUE HAN CONMOCIONADO
APUNTE
PROTOCOLO COAHUILA SEDU ANTE EL ACOSO ESCOLAR
ACCIONES INMEDIATAS
que corresponda, atendiendo a la situación en particular.
ACCIONES DE SEGUIMIENTO
anexos.
comunidad.