Sin resolución aún, caso de Escaleras al Cielo

Leslie Delgado

La situación legal de las “Escaleras al Cielo”, ubicadas en las faldas de la Sierra de Zapalinamé al suroriente de Saltillo, sigue en pausa debido a la falta de un representante legal para la propiedad, informó el Procurador de Medio Ambiente de Coahuila, Javier de Jesús Rodríguez. 

Este controversial atractivo turístico fue construido en 2019 por el fallecido Raúl de la Peña. Posteriormente, las autoridades ambientales ordenaron la demolición de las 200 escaleras al encontrarse en un área natural protegida. Sin embargo, tras dos años, el proceso sigue sin resolverse.

“El tema está en manos del Poder Judicial. Nosotros no podemos proceder ni notificar una sanción porque el propietario original ya falleció, y hasta ahora no hemos sido notificados sobre quién quedó como representante legal de esa área”, explicó el funcionario.

Señaló que, aunque la Procuraduría del Medio Ambiente de Coahuila (PROPAEC) está pendiente de cualquier actualización sobre la designación de un sucesor legal, la responsabilidad recae en las autoridades correspondientes para notificarles cuando el trámite concluya.

“Estamos atentos, pero mientras no exista un propietario legal, no podemos continuar con el procedimiento. En cuanto se aclare esta situación, procederemos con la notificación de la sanción correspondiente”, agregó.

Respecto al impacto ambiental generado por las escaleras, el Procurador afirmó que el daño se produjo durante la construcción de la estructura, pero no se considera un proceso que esté agravándose con el tiempo.

“No se ha evaluado un daño progresivo porque el daño ya se hizo al construirlas. Lo que buscamos con la resolución es que el dictamen contemple el retiro de las escaleras, ya que afectan la capacidad de filtración de agua de la sierra, una función esencial para el abasto hídrico de Saltillo y la región sureste”, explicó.

El retiro de las escaleras, sería responsabilidad de quien las construyó y de las autoridades como parte de la sanción por haber permitido su construcción en un área natural protegida. Además, se impondría una multa económica por violar las normativas ambientales.