Sin castigo, deudores alimentarios

A pesar que en Coahuila las leyes son firmes sobre los temas familiares, el criterio de algunos jueces, la dilación de procesos, y la carga laboral, provocan que un alto porcentaje de padres evadan la responsabilidad con sus hijos en el pago de la pensión alimenticia

JESSICA ROSALES

En México, 3 de cada 4 menores de edad, hijos de padres separados o divorciados, no reciben una pensión alimentaria debido al incumplimiento, en su mayoría de los padres, que incluso prefieren evitar las convivencias para evadir el pago de estas obligaciones.

A pesar que las leyes en Coahuila son claras respecto a los procesos y sanciones que deben enfrentar quienes incurran en el incumplimiento de las obligaciones con los hijos, la dilación de los procesos, la carga de trabajo, el déficit de jueces y el criterio subjetivo para algunos jueces, a decir de los litigantes, son las principales causas por las que se evade la ley.

La abogada especialista en temas familiares, Wendy Pedroza Valdés, presidenta del Foro de Abogados en Coahuila, destaca que este fenómeno impacta directamente en el rompimiento del tejido social, y el aumento de otros fenómenos sociales.

“Lamentablemente la estadística va en aumento y cada vez las circunstancias se complican, porque estamos hablando que no solo incumple con la pensión, sino que están abandonando hijos, por lo que no existe la convivencia y esto lleva a puntos muy graves de desubicación de los jóvenes, lo que puede derivar en casos hasta de suicidio”, señala.

“Lo que sucede es que ante la ausencia de los padres y de la pensión alimenticia, las mamás o abuelitos que se hacen cargo de los menores tienen que salir a trabajar y los niños se quedan mucho tiempo solos. Las mamás tienen que trabajar doble o triple turno”, agrega.

En Coahuila, mientras en 2017 se atendieron 22 mil 30 asuntos familiares en los 21 juzgados existentes, para 2021 la cifra se incrementó a 68 mil 616 casos, en primer lugar, de divorcios, y en segundo, sobre pensiones alimenticias

Pedroza Valdés indica que aunque se da el impulso del empoderamiento de las mujeres, muchas de ellas están en crisis económicas que no les permite solventar las necesidades de los hijos, lo que conlleva una serie de afectaciones hacia la familia.

 

Renuncian a sus trabajos para no dar pensión 

En opinión de Pedroza Valdés los jueces no garantizan el cumplimiento de las obligaciones, lo que aprovechan los deudores para evadir la responsabilidad con los hijos, por lo que una de las prácticas comunes, es renunciar al trabajo para evitar que se les exija una cantidad acorde a sus ingresos.

“Sí existen leyes, lamentablemente no se están cumpliendo, los jueces no ponen castigos suficientes, el horror para mí en lo personal, es el que los jueces no castiguen. En la pensión alimenticia vi que si no la pago no me pasa nada, si me salgo de trabajar no me pasa nada y así empieza todo porque nunca pasa nada”, considera Wendy Pedroza.

De acuerdo a la Ley para la Familia de Coahuila en su artículo 296, “El incumplimiento injustificado de la obligación alimentaria, así como el disimulo, la ocultación de bienes o cualquier otra maniobra para eludirlo, se sancionará conforme a las prescripciones del Código Penal”. 

Agrega que “Aquella persona que incumpla con la obligación alimentaria de manera consecutiva o intermitente, ya sea en tres ocasiones en un periodo de tres meses o, para el caso de las pensiones alimenticias que se deban cumplir de manera mensual, en tres ocasiones en un periodo de seis meses, será calificada como deudor alimentario moroso, por lo que 47 la autoridad judicial competente ordenará su inmediata inscripción en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en los términos del artículo 308 de esta ley”.

De acuerdo a los datos más recientes, el Tribunal de Justicia de Coahuila cuenta con un registro de 124 deudores alimentarios morosos, que no están al corriente con el pago de la pensión alimenticia acordada cuando se divorciaron de sus parejas, 16 son mujeres, es decir el 13 por ciento, mientras que 108 son hombres que representan el 87 por ciento.

 

Sólo pocos han pisado la cárcel por incumplidos

Y aunque la ley considera cárcel para los incumplidos, es mínimo el número de hombres que ha purgado alguna condena.

El artículo 314 del Código Penal vigente en Coahuila tipifica esta falta como el incumplimiento de las obligaciones básicas de asistencia familiar, un delito que se sanciona con prisión de uno a cinco años y la pérdida de sus derechos familiares al no cumplir con sus obligaciones de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos.

El artículo 297 de la Ley para la Familia señala que los patrones, administradores, gerentes de empresas, directores y jefes de oficinas y, en general todas aquellas personas que por razón de su cargo público o privado estén en condiciones de proporcionar informes a la autoridad judicial sobre la capacidad económica de los deudores alimentistas, están obligados a suministrar los datos que se les requieran y de no hacerlo en la forma y términos solicitados, incurrirán en responsabilidad que será sancionada con una multa de veinte a cien unidades de cuenta en el Estado, que se duplicará en caso de reincidencia, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir. 

El deudor alimentario deberá informar de inmediato al Juez de lo Familiar y al acreedor alimentista cualquier cambio de empleo, la denominación o razón social de su nueva fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada. De no hacerlo, el deudor alimentario incurrirá en responsabilidad sancionada en los términos del párrafo anterior.

“La ley marca que hay que meterlo a la cárcel o denunciarlo para poderlo llevar a la cárcel porque renunciar a propósito a su trabajo es un delito. Hay muchas formas, pero lo jueces buscan que se les den más oportunidades y se rehúsan a utilizar esta opción”, indica la especialista en tema familiares.

Hasta el mes de marzo, en Coahuila tres hombres purgaban condenas de entre uno y tres años por incumplir con la pensión alimenticia.

 

Juez entregó a sus hijos al deudor alimentario, ahora le pide pensión

Carmina Lucero Murillo es una mujer a quien la justicia le dio la espalda, pues, aunque se hizo cargo de sus hijos al 100 por ciento, tras su separación de pareja, después de dos años el padre decidió llevárselos y aprovechar la omisión de su defensa para solicitar la custodia y revertir el caso. Ahora le exige a ella la pensión alimenticia y les niega a sus tres hijos.

Relata que ante la falta de recursos llevó su caso mediante la defensoría pública, pero el actuario señalaba no encontrar al deudor para notificarle, aunque tampoco entregó el documento a un familiar y esto derivó en que la custodia provisional que se le había otorgado no causara efecto.

“Cuando el papá de mis hijos se entera que puse una demanda me solicita a mis hijos para convivir y yo acepto, porque nunca le negué que los viera, pero luego se niega a regresármelos y aunque acudo a todas las instancias posibles nadie me apoya porque me dice que él también tiene derecho”, comenta Carmina.

De esta manera, aprovechando que su demanda por pensión no causó efecto debido a que no le notificaron, el deudor alimentario presenta su demanda por pensión y custodia y se le otorga, “Ahora él casi no me permite a mi ver a mis hijos”, lamenta la madre de los menores.

Por lo anterior, la abogada Wendy Pedroza, alerta sobre la necesidad de tramitar en un inicio y prioritariamente la guardia y custodia, pues señala que incluso en una extracción de menor por parte del padre la Alerta Amber solicita esa guardia y custodia para poder reintegrar al menor con la madre.

Finalmente, Carmina hace un llamado a los jueces y a las autoridades involucradas para tener se sensibilidad y empatía, pues pese a los antecedentes de su caso, la violencia económica que padecieron ella y sus hijos, no obtuvieron justicia ni la adecuada aplicación de las leyes por el bien superior de los menores.