Inconstitucional, reforma eléctrica de AMLO: Riquelme

VÍCTOR BARRÓN

 

La iniciativa de reforma a la industria eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador contiene elementos de inconstitucionalidad y violatorios a los acuerdos internacionales y del T-MEC, opinó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

 

El mandatario coahuilense dijo que el carácter de inconstitucionalidad se centraría en el aspecto de que esta reforma propone modificar contratos legados para forzar nuevos proyectos de CFE a los clientes, sin necesidad de competir en subastas, lo que daría a un uso indebido de esos contratos que habían sido diseñados con otros fines.

 

Por otro lado, consideró que la principal afectación para la entidad en ese contexto, se reflejaría en términos de producción de energías renovables, rubro en el que Coahuila registra niveles de competitividad que la colocan entre los primeros lugares a nivel nacional. 

 

Y es que la reforma propone desmantelar los contratos de energía limpia como mecanismo para generar nueva inversión en ese ramo, decreto que abre el mercado a la participación de plantas existentes, principalmente hidroeléctricas, lo que a decir del mandatario, implicaría una sobreoferta y perjudicaría el valor del certificado.

 

“La verdad es que aquí están concretando el golpe que ya le habían dado a nuestra entidad, están cerrando el círculo”, añadió.

 

“De ser aprobada esta reforma, Coahuila entrará en detrimento dentro de su economía en la producción de energía limpia y que ya venía encabezando nuestra entidad la producción de la misma”, comentó. 

 

Al referirse al proceso de regulación que necesariamente vendría tras una eventual aprobación de la ley, reconoció que se deberán puntualizar los aspectos que pudieron ser ventajosos para algunas empresas, pero no al grado de eliminar la competencia que se desarrolló en las entidades donde incluso se ha dado la atracción de inversiones del sector.

 

Señaló además que la ley elimina el principio de menor costo, consagrado en la ley desde hace más de 30 años, para dar entrada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin importar su costo ni sus emisiones de energía, en detrimento de los usuarios de energía.

 

Así mismo, elimina los filtros obligatorios que habían sido establecidos en formato de subastas, cuyo propósito original era que la energía comprada a CFE por clientes cautivos, pasara por un proceso competitivo para garantizar el mejor precio y energía, atendiendo también la parte del control de emisiones de carbono.

 

En ese sentido, Riquelme Solís consideró controvertido el que se termine con el derecho abierto de acceso a la red, toda vez que CFE sería al mismo tiempo competidor y dueño de ésta.