Fraccionamientos cerrados, residenciales sin ley

Aprovechado lagunas en la ley y ordenamientos, estos lugares se convierten en cotos de poder y abusos por parte de los vecinos que incluso, generan conflictos con la autoridad

REDACCIÓN

Sin la regulación apropiada, los fraccionamientos cerrados se convierten en cotos de poder y abusos por parte de vecinos, focos de conflictos con la autoridad y aún así, cuentan con una creciente demanda de personas que desean vivir con mayor seguridad y control de quienes acceden a sus dominios, pasando por encima incluso de la ley.

En los grupos de WhatsApp, los chats vecinales hacen sospechoso a cualquiera, demandan de la autoridad atención urgente ante un auto estacionado, una camioneta en un parque o convierten a cualquier desconocido en culpable de portación de rostro prohibido, en aras de la seguridad, cualquier extraño es sospechoso.

Según los registros de las autoridades, actualmente habría más de 80 compañías de seguridad irregulares que responden a la alta necesidad de sentirse protegido, a vecinos que cierran arbitrariamente las calles o sectores de una colonia, e incluso que evitan el paso de entrega de paquetería, condicionan el acceso o exhiben a los vecinos que no están de acuerdo en pagar una cuota por seguridad, que a la vez, está en la mayoría de los casos, fuera de la ley.

 

DEMANDA CRECIENTE

Para José Luis Rodríguez Cabrera, director general de Registro y Control de los Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad, la demanda de seguridad privada en los fraccionamientos ha crecido en los últimos años y se encuentra regulado en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Coahuila.

Mismo que define el Servicio de Seguridad Privada como aquel que tiene por objeto la protección, vigilancia o custodia de lugares, establecimientos, bienes o personas; y permite que en los fraccionamientos haya empresas de seguridad privada y/o personas que realizan servicios de seguridad privada; sin embargo, en ambas modalidades deber existir una autorización de la Secretaría de Seguridad Pública ya que quienes la realizan, se convierten en auxiliares de la seguridad pública, se rigen por las mismas normas que los policías y tienen ciertas obligaciones.

Y una vez que las autoridades comenzaron a ver cómo los delitos de alto impacto van a la baja, se enfocaron en los delitos del fuero común, robo a transeúnte, a casa habitación y una de esas acciones es comenzar a visitar los lugares o establecimientos donde se brinden estos servicios, en el caso particular de los fraccionamientos, quienes cuentan con este servicio de seguridad privada.

Dentro de los requisitos para que se autorice el servicio y que una persona pueda fungir como guardia de seguridad privada, primero se tiene que cumplir con cierto perfil dictado por las autoridades, mismo que incluye el tener una carta de no antecedentes penales, la cartilla militar y una consulta en la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para rastrear si existe un antecedente negativo en el ámbito de la seguridad, ya sea pública o privada, que indique si es procedente o no la contratación de un elemento.

“Cuando realizamos la consulta de antecedentes, encontramos que hay alguna persona que tiene antecedente de robo y lo voy a poner a cuidar un área”, agregó.

“Nosotros le decimos a los colonos, invierte en seguridad, estas personas son quienes conocen tus entradas, tus salidas, conocen a tus familiares y tienen conocimiento de tus horarios y es bueno invertirle. Algunos lo toman a la ligera e incluso les llaman porteros, pero estamos dejando nuestra seguridad personal y patrimonio en manos de personas que no están capacitadas”, comentó.

Tras las inspecciones a los fraccionamientos, en general, explica el funcionario, lo que se encontró es que la mayoría de las empresas no cuentan con autorización para prestar el servicio y en otras, el mismo fraccionamiento contrató a una persona pero carece de prestaciones de seguridad social.

 

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Carlos Orta Canales, presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Saltillo y Miembro del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano, refiere que en efecto, la mayoría de las personas desearía vivir en un fraccionamiento cerrado en particular por el tema de la seguridad y el cuidado de su patrimonio, incluso más allá de la plusvalía que pudiera tener.

“Los residentes y me atrevo a decir que quienes urbanizan y venden los lotes, creen que sus regulaciones pueden estar encima de cualquier cosa, y entonces contratan a los grupos y las empresas de seguridad que muchas veces ni siquiera se sabe si realmente están avalados por la Secretaría de Seguridad Pública y por otro lado que quienes -y nos topamos mucho en los fraccionamientos cerrados- contratan, no tienen la debida capacitación”.

“En el caso de los fraccionamientos cerrados hay tantas cosas que están dejando de lado, obviamente el hecho de que por tener una seguridad privada ya te limita la entrada de la policía municipal, porque todas las calles, que se aprueban en cualquier desarrollo o fraccionamiento, son áreas municipales, donaciones que una vez que entregas el fraccionamiento al municipio, así como las áreas verdes, se convierten en áreas municipales”, comentó.

Sin embargo, explica, existen muchos casos en donde se violan totalmente los derechos humanos, “lo hemos visto no solo en fraccionamientos cerrados, sino en fraccionamientos abiertos en donde participamos en chats vecinales, en donde de veras, a veces es impresionante que pide ayuda porque anda una persona tocando puertas, vengan rápido, se ve sospechoso. Ya cualquier persona que no vive ahí es sospechoso, cuántas veces ha acudido la policía a los llamados de vecinos que porque está una camioneta o un auto parado y se ve sospechoso parado enfrente de un parque”. 

Esto además de que por la barda perimetral que rodea este tipo de asentamientos, se generan grandes espacios en donde no hay posibilidad de contacto humano con alguien ante un peligro o simplemente que se pueda llamar a la puerta de alguien para pedir auxilio.

“En el bulevar Misiones hay más de doce sectores y en ninguno da la casa hacia el bulevar, no hay ni una propiedad en todo el recorrido que va hacia el bulevar. Y luego el bulevar está hermosamente arbolado, ni siquiera te ven del otro lado, el día que te acechen o acechen a un familiar nuestro, qué es lo que va a pasar porque no hay forma de conseguir ayuda, es muy difícil.”

Actualmente la Dirección General de Registro y Control de los Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad, registra un total de 222 empresas, de las cuales 133 tienen su autorización vigente y 89 están en trámite.

“Sabemos que hay un número considerable de empresas que no se han acercado o que no cuentan con trámite y siguen realizando este servicio sin la autorización correspondiente”, señaló.

Carlos Orta Canales coincide en que “no debería cerrarse el acceso a cualquier persona pero obviamente el que compra es porque de alguna manera, por muchas razones, está adquiriendo para tener cierta seguridad adicional pero siempre apegado totalmente a lo que marca la Ley de Seguridad”.

“No te pueden negar el acceso, el libre tránsito y ves en cada fraccionamiento que alguien no paga su cuota, no le dan su tarjeta pero espérame… yo tuve un terreno en un fraccionamiento cerrado y me decían que no podía entrar; era dueño de un lote y me dijeron que no me tenían registrado y que las cuotas, no estaba haciendo uso o disfrute de las áreas públicas y había que pagar lo mismo el que no ha construido que el que ha construido”, manifestó.

“Hay que meterse a fondo en esto, hay muchas lagunas en la ley y en los ordenamientos, hay que meterle mano pero también se necesita la disponibilidad de la autoridad porque hay tantas cosas que se pueden resolver y a veces hay administraciones que no quieren arriesgarse a perder popularidad o no se meten en los temas que hay que meterse, por no perder a lo mejor algún proyecto personal y eso está mal”, finalizó.