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Jueves 18 de Abril 2024
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Tras considerar que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) ha fallado en Coahuila porque ni siquiera se ha implementado en su totalidad, la activista Alejandra Wade Villanueva dijo que es urgente reforzar la investigación y capacitación de los Ministerios Públicos (MP), que al tener un total desconocimiento no sirven para aplicar justicia.
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Wade cuestionó la contrarreforma que se pretende realizar desde el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al señalar que los organismos de la sociedad civil están interesados en la consolidación del SJPA para lograr la protección de los derechos de las víctimas y los imputados.
Mencionó que la reforma, iniciada a partir de junio de 2008 y que se supone concluyó en junio del año pasado, debe transitar de un sistema penal inquisitivo y escrito a uno acusatorio y oral, que todavía no se manifiesta en la entidad.
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“Qué falta: debemos reorganizar a todas las instituciones encargadas de la operación, porque hasta el momento no se ha logrado una total capacitación de quienes están al frente, especialmente las capacidades de investigación en los policías, que además, en muchas ocasiones, no están apegadas a la ley”.
No es confiable
La directora del Consejo Cívico sos- tuvo que a Coahuila le falta contar con un sistema de evaluación confiable, donde las instituciones encargadas de impartir la justicia produzcan datos que permitan verificar los avances y áreas de oportunidad sobre la implementación del sistema.
Indicó que en la entidad se cuenta con Unidades de Medidas Cautelares, pero se desconoce su trabajo.
“Sabemos que estas unidades son responsables de evaluar los riesgos que implica la libertad del imputado durante el proceso y en su caso dar seguimiento a lo que el juez determine, pero realmente desconocemos cómo se ha logrado cumplir en este renglón en Coahuila”.
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Señaló que si el personal no está capacitado para realizar el trabajo hay incluso riesgos de que el imputado se fugue y no regresa a las audiencias, dañe a las víctimas o a la comunidad y que, además, se puedan destruir pruebas que en ese momento se podrían llevar a juicio del presunto responsable.
Ante ello, Wade indicó que las organizaciones civiles están buscando evitar que la Conago promueva una contrarreforma del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
“Volveríamos a la práctica de an- tes; promover ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva o ciosa y dar por ciertas declaraciones de los policías o Ministerios Públicos sin que tengan que confrontarse públicamente; representaría un retroceso legal”.
Sede cara
El gobierno del estado invirtió 160 millones de pesos en la construcción y equipamiento del Centro de Justicia Penal, donde se realizan los juicios orales.
En el centro laboran 12 jueces y 80 funcionarios judiciales que, en teoría, son parte fundamental en la reorganización del sistema penitenciario en materia de ejecución de penas, tendiente a lograr la reinserción social del sentenciado.
Ubicado en periférico Luis Echeverría, en la colonia Saltillo 2000, en la capital del estado, el moderno y amplio edificio se encuentra a un costado del Centro de Reinserción Social y cuenta con un paso subterráneo al penal, a fin de facilitar el traslado de reos procesados que acuden a las audiencias.
Son tres niveles, donde hay 10 salas de audiencia para juicios orales, ocho con capacidad hasta para 30 personas y dos para 70 asistentes; cuatro salas de proliferación, cuatro de testigo protegido, una celda común y tres individuales, circuito cerrado, espacios administrativos, técnicos, de sistemas, equipo de cómputo, cocina, comedor y sanitarios, entre otros espacios.
En total suman seis mil 910 metros cuadrados de construcción y se encuentra asentado en un terreno de 13 mil 180 metros, con 230 cajones de estacionamiento.
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— Capital Coahuila (@CapitalCoahuila) October 4, 2017
