Filipinas: Corte ordena revelar datos sobre lucha antidrogas

MANILA (AP) — La Corte Suprema de Filipinas ordenó el martes al gobierno divulgar los documentos policiales sobre miles de muertes durante la campaña antidrogas, una decisión que según activistas podría arrojar luz sobre denuncias de muertes extrajudiciales.

El vocero del máximo tribunal Brian Keith Hosaka dijo que el procurador general tiene que entregar los documentos a dos grupos de derechos humanos que los solicitaron. El tribunal de 15 magistrados, cuyos miembros se reúnen en la ciudad norteña de Baguio, aún no ha fallado en torno a una solicitud distinta para declarar anticonstitucional la ofensiva antidrogas.

El procurador general Jose Calida antes había accedido a entregar los documentos a la corte pero no a las dos agrupaciones _el Grupo de Asistencia Legal Gratuita y el Centro de Derecho Internacional_ bajo el argumento de que ello violaría la seguridad nacional.

Ambas agrupaciones aplaudieron la decisión del tribunal.

“Es un paso hacia adelante a favor de la transparencia y el principio de responsabilidad pública”, dijo José Manuel “Chel” Diokno, director del Grupo de Asistencia Legal Gratuita.

Añadió que los documentos ayudarán a su agrupación a investigar la ofensiva lanzada cuando ascendió al poder el presidente Rodrigo Duterte en el 2016. El mandatario y la policía sostienen que muchas de las muertes ocurren porque los sospechosos atacan a los agentes de seguridad.

“Es un mensaje enfático, del máximo tribunal del país, de que no permitirá que sea atropellado el estado de derecho en la guerra contra las drogas, es una decisión muy importante”, declaró Joel Butuyan, presidente del Centro de Derecho Internacional.

“Estos documentos son el primer paso en la larga trayectoria hacia la justicia para los solicitantes y para las miles de víctimas de la ‘guerra a las drogas’ y sus familias”, añadió Butuyan.

Más de 5.000 personas, en su mayoría gente pobre, ha muerto supuestamente en enfrentamientos policiales, alarmando a gobiernos extranjeros, expertos de derechos humanos de la ONU y grupos humanitarios. Duterte niega haber ordenado ajusticiamientos aunque ha amenazado públicamente con matar a sospechosos de tener drogas.

Las matanzas han suscitado demandas contra Filipinas en la Corte Penal Internacional, de la cual Duterte sacó a su país.