Feminicidios, bajo la impunidad: activistas

POR: GABY HERNÁNDEZ / CORRESPONSAL

QUERÉTARO.- Las autoridades se rehúsan a calificar los feminicidios bajo esta tipificación, a pesar de que existen homicidios de mujeres con las características de este delito, lamentaron activistas locales de grupos feministas en el estado.

A más de dos años del asesinato de Araceli, quien fue violada y asesinada en Amealco, los activistas y familiares de la adolescente, originaria de San Ildefonso Tultepec, exigieron la reclasificación de este caso, que actualmente se trata como homicidio calificado.

Maricruz Ocampo, integrante del Comité de la Activación de Alerta de Género en el estado, estimó que desde el 2015 a 2018, se han registrado en promedio 22 feminicidios por año. Aseguró que en ninguno de estos casos, las autoridades han clasificado adecuadamente el hecho, ni han aplicado debidamente los protocolos de investigación y acompañamiento a las familias.

“Hay un protocolo publicado de investigación de feminicidios y no se utiliza. No es la fiscalía quien hace la investigación, la hacen las familias. No va a poner este número en su informe, pero Pancho Domínguez (gobernador del estado) va a cruzar estos números”, dijo.

En 2018 no se calificado ningún feminicidio en el estado, a pesar de que existen homicidios de mujeres que cumplen con el tipo penal, en donde la víctima conocía a su homicida, hay indicios de violencia sexual, hubo amenazas previas y los cadáveres quedan expuestos.

Ejemplificó con el caso de Dulce Cecilia, una menor de 9 años que fue violada y asesinada en Colón. Su cuerpo fue encontrado 10 días después de que se iniciaron los protocolos para su búsqueda.

La activista resaltó que en este caso, las autoridades han omitido también la reparación del daño para la familia, de origen indígena.

Ángel “N”, habitante de Colón, aseguró que las autoridades determinaron no calificar este hecho como feminicidio para evitar dañar a la imagen del Gobierno del Estado.

Advirtió que no existe la separación de poderes, debido a que el Poder Judicial ha evitado registrar como feminicidio este hecho por órdenes del ejecutivo del estado.