Enfoque

Por: Eduardo J. De la Peña

A lo largo del año anterior, mes tras mes, el Semáforo Delictivo Nacional, un ejercicio impulsado por organizaciones sociales, mostró consistencia en los buenos resultados de Coahuila en materia de seguridad.

Sin embargo, vistos con cuidado estos reportes mensuales, hay algunos datos que inquietan y deben llamar la atención, pues mientras los robos en sus diversas modalidades observan una tendencia sostenida a la baja, hay un incremento acumulado en casos de violencia intrafamiliar.

En los primeros once meses de 2019 se contabilizaron en ese ejercicio, que se alimenta de reportes ciudadanos y estadísticas oficiales, diez mil doce casos de violencia familiar, un promedio de 910 por mes, es decir treinta diarios en Coahuila.

Esas cifras están por encima de los casos de homicidios, robos, secuestros, extorsiones, e incluso el narcomenudeo.

En una primera y superficial lectura tendríamos que las autoridades han sido bastante eficientes en el combate a los delitos, y quienes estamos fallando somos la misma sociedad, pues es en nuestras relaciones familiares donde se tienen las expresiones de violencia.

Y las víctimas de esta violencia familiar son en la mayoría de los casos niños, mujeres y adultos mayores.

Es alarmante lo que esto refleja, pero no ha tenido la atención debida porque sociedad, gobierno y medios nos centramos siempre en asuntos de alto impacto, y la violencia familiar solo es vista cuando deriva en una tragedia, sin reconocer que el clima mismo en que estamos viviendo, la descomposición que nos muestran estas cifras, es también una gran tragedia.

En este contexto, y sin dejar de reconocer que el principal reto es para la sociedad misma, no dejan de llamar la atención otros datos como los que podemos leer en el presupuesto autorizado por el Congreso de Coahuila para ejercerse en 2020.

Ahí tenemos que las dependencias y organismos que tienen como misión la fiscalización del gasto público, la transparencia y la persecución de los hechos de corrupción, acumulan 400 millones de pesos a ejercer, poco más de un millón de pesos diario en una lucha anticorrupción que sin duda es necesaria pero que a nadie deja satisfecho.

En contraste las instancias que tienen que ver con la cohesión social, como el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, y la Procuraduría de la Familia, tienen 59 millones de pesos entre ambas dependencias.

Hay entonces también la necesidad de que el gobierno revise la escala de prioridades en el gasto.

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