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Visibilizan agresiones a periodistas en foro

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18 de Febrero 2019

México, 18 Feb (Notimex).- En México, como en el mundo, es común la agresión a periodistas y defensores de derechos humanos, siendo el asesinato el delito más cometido contra este sector de la población en detrimento de sus derechos humanos.

Así lo subrayaron periodistas y defensores de derechos humanos que se dieron cita este lunes en el Club de Periodistas para llevar a cabo el “Encuentro Internacional de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, donde se retomó y destacó la importancia de la campaña “Haz que se Vean”.

En el acto, testimonios como el del periodista Gildo Garza, miembro del colectivo “Periodistas Desplazados” revelaron la situación que más de 350 periodistas han tenido que vivir y que hoy se encuentran desplazados de sus lugares de origen por difundir la verdad.

El activista comentó que al menos mil 867 municipios de México han sido silenciados, lo que equivale a 25 estados de la República mexicana, mientras que más de 200 periodistas y defensores fueron asesinados en el pasado sexenio sin que se les pueda brindar justicia todavía.

Además, más de 350 periodistas han sido desplazados desde 2006, cuando se inició una guerra contra ellos “y como víctimas invisibles se incluye a sus familias”.

Esta situación se extiende tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos, quienes, como medida de protección para salvar sus vidas, se desplazan; sin embargo, no están seguros, ya que a veces llevan consigo a los mismos espías.

Al respecto, Alejandro Calvillo, defensor de El derecho a la salud y director de la organización Poder del Consumidor, destacó el caso particular de la estrategia que aplicó el gobierno mexicano y que puso en riesgo la labor de defensa de derechos humanos.

Se trata del proceso de espionaje del que por primera vez se tuvo evidencia documentada en febrero de 2007 y que tres meses después se reforzó con otro documento científico que demostró que 10 periodistas y defensores de derechos humanos fueron espiados con el sistema denominado Pegasus, comprado por México a un sistema israelí.

Recordó que la Agencia de Investigación Criminal sólo puede utilizar estas herramientas de investigación mediante una orden judicial para combatir el crimen y defender la seguridad nacional, de manera que cada caso de Pegasus en un celular requiere de una licencia que implica una inversión de medio millón de pesos.

A su vez, Evelia Baena, defensora de Tierra y Territorio, en el estado de Guerrero, indicó que el principal problema es que cuando se trabaja como defensor de derechos y te matan por ello, te acusan de tener vínculos con la delincuencia y terminan por criminalizarte.

Ante ello, se manifestó por continuar con una prensa crítica y abierta y que garantice la libertad expresión, pero sobre todo que garantice la difusión de información que genere una conciencia nacional para la defensa de los derechos humanos.

NTX/EGL/PSG