Senado aprueba prisión preventiva para corruptos

El pleno del Senado aprobó con 91 votos en pro y 18 en contra modificaciones a la Constitución para que aplique la prisión preventiva oficiosa a los delitos de corrupción, uso de programas sociales con fines electorales, desaparición forzada de personas y robo de hidrocarburos o “huachicoleo”.

Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman de la Ciudad de México y senador sin partido, manifestó su desacuerdo con esta reforma, porque los cambios al artículo 19 de la Carta Magna significan una regresión, un error y una violación a los derechos humanos.

“Esta reforma es un error para intentar responder a la necesidad de justicia que tiene la sociedad. (…) Es una medicina equivocada para la enfermedad que tiene este país. (…) Que la prisión preventiva oficiosa, es de facto una pena anticipada, es de facto un castigo. (…) Los estudios del Inegi señalan que en la medida que un gobierno establece mecanismos de control más represivos, se incrementan los índices de delito y las detenciones arbitrarias”.

Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI, aseveró que con esta se reforma se violenta el principio de presunción de inocencia.

“Utilizando la prisión preventiva como un castigo, es desnaturalizar una medida preventiva, una medida cautelar y buscar convertirla en una pena en sí misma, en un castigo. (…) Creo que debemos respetar el espíritu del sistema penal acusatorio: la presunción de inocencia como derecho fundamental a preservar”.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, también cuestionó los cambios.

“Si se aprueba este dictamen bastara que se señale a una persona como corrupta, como huachicolera, como asaltante de transporte, para que se le mantenga en prisión. (…) No firmemos la sentencia de muerte del nuevo sistema de justicia penal, no nos va a resolver los problemas de conflicto y de inseguridad en nuestro país”.

Se prevé que la prisión preventiva oficiosa aplique también para otros delitos:

Abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y aquellos que se cometan con violencia.

La víspera, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirmó que la prisión preventiva oficiosa para estos delitos representa un debilitamiento de los derechos y garantías a la presunción de inocencia, al debido proceso, la libertad, seguridad e integridad personal, así como a la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación.

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