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Domingo 18 de Agosto 2019

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Morena quiere aumentar castigos por delitos electorales

Foto Capital Media
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29 de Octubre 2018
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Se busca desincentivar la comisión de los delitos electorales al endurecer las penas

POR: VÍCTOR MAYÉN

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, presentará una propuesta para reformar la Ley General en Materia de Delitos Electorales a fin de aumentar las penas por delitos de financiamiento irregular y uso de programas sociales.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política presentará esta iniciativa derivado de las denuncias registradas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el más reciente ejercicio electoral y a la víspera de cinco procesos electorales a desarrollarse el próximo año.

Desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017 y hasta julio de 2018, la Fepade recibió aproximadamente mil 104 denuncias por delitos electorales, relativas a la alteración del Registro Federal de Electores a la compra, coacción, manipulación y uso de recursos públicos, entre otros, de las que más del 60 por ciento fueron presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De 2016 a la fecha, la Fepade ha recibido 200 denuncias por violencia política en contra de mujeres, de las cuales, 40 pertenecen al último periodo electoral.

La intención de la iniciativa, según Monreal Ávila, es proteger en mayor medida la participación política de las mujeres en un entorno que les garantice seguridad para el desarrollo igualitario de sus actividades. Recordó que la violencia política contra la mujer o cualquier persona en razón de su género, se tipifica como delito.

Con la reforma, apuntó, se incrementarán las penas de ciertos delitos y se agravarán algunas de las modalidades en que se cometen. Además, quienes incurran en ellos no podrán acceder fácilmente a los beneficios de libertad y suspensión condicional del proceso, lo que contribuirá a desincentivar su realización.

La propuesta propone también tipificar conductas que no se incluyen actualmente en la ley, o bien se precisan de mejor manera y adaptan a las necesidades actuales de protección de bienes jurídicos, como la salvaguarda a los sistemas informáticos que se emplean por las autoridades electorales.

Respecto de los delitos cometidos por servidores públicos, funcionarios electorales y partidistas, se plantea agravar determinadas conductas que lesionan la equidad de los procesos, así como contemplar la sanción de conductas en periodos de inter-campaña que no se encuentran previstos en la ley.

Se incluye a los candidatos independientes dentro de los sujetos activos de los delitos electorales, así como a sus gestores o auxiliares, en la integración de un nuevo tipo penal que prevé la presentación de firmas apócrifas para obtener sus candidaturas.

Se destaca en la propuesta, establecer conforme a los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, al menos un juzgado de control y uno de enjuiciamiento de carácter nacional, similar al que opera en materia de extinción de dominio, así como un tribunal de apelación especializado, lo que permitiría superar las diferencias en cuanto a criterios al emitir resoluciones judiciales heterogéneas o contrarias entre sí.

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