Indígenas, el grupo más vulnerable a desplazamiento forzado en México

Por Angélica Guerrero

México, 25 Jul (Notimex).- La población indígena es la que más padece el desplazamiento forzado en México, tema que es necesario unir a la agenda de migración nacional, consideró Alexandra Bilak, directora internacional del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés).

Al observar esa problemática en su visita a Chiapas, la especialista indicó que el desplazamiento forzado interno se debe a la violencia generada por grupos armados locales y actividades paramilitares, y debe ser una prioridad dentro del plan de desarrollo.

Además de Chiapas, advirtió que el fenómeno se replica en nueve estados de la República, por lo que urgió a avanzar en la conformación y consolidación de la ley en materia, a fin de pasar de una estrategia de asistencia humanitaria a una política pública integral, la cual deberá contar con la participación de las víctimas.

Durante la presentación de un informe preliminar al respecto y de una serie de recomendaciones para el gobierno mexicano, la especialista expuso que entre las historias de violencia armada se encuentran temas políticos, electorales y despojo de territorio.

Tras su visita de tres días por Chiapas, acompañada por autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), lamentó que las comunidades indígenas sean “el centro” de los desplazamientos forzados.

Por ello, consideró “muy importante que estos temas de la tierra, de los derechos culturales y la herencia deban ser el centro de la respuesta para poder reubicar a las personas; hay que pensar en soluciones”.

En este sentido, en su presentación en el Salón Juárez de la Segob, entre otros puntos recomendó determinar presupuestos, crear perfiles demográficos de los afectados, detectar a los causantes, establecer un marco normativo y a responsables de áreas operativas, así como la evaluación y publicación periódica de resultados.

Alexandra Bilak también ofreció apoyo de la organización internacional para colaborar en la creación de la hoja de ruta para trabajar en el fenómeno, pues recordó que el IDMC cuenta con décadas de experiencia en la elaboración de datos y asesoría para políticas públicas.

Al respecto, Rocío González Higuera, jefa de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Segob, reconoció la responsabilidad del gobierno mexicano en “la justicia, la retroacción de los daños y el futuro de las y los desplazados”, y aceptó la ayuda de la organización internacional.

A su vez, el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, recordó que existe un proyecto de ley para atender el fenómeno de desplazamiento forzado interno en México, el cual prevé una estructura adicional de la institución a su cargo y un fondo especial.

“Es muy complicado poder operar si no cuentas con el recurso, entonces, es clave para que esto no quede en letra muerta”, enfatizó.

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