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Miércoles 24 de Abril 2024
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Por Arturo Damian
El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, quien apenas dejo el cargo en septiembre de 2017, enfrenta ya un juicio político ante el Congreso local, para responder a señalamientos sobre el presunto desvío de recursos por al menos 2 mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso nayarita, inició el procedimiento para enjuiciar al ex mandatario, quien no está solo en estos señalamientos también se incluye a dos ex integrantes de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
El Partido a nivel nacional hasta el momento no ha fijado postura sobre la situación que enfrenta uno de sus militantes.
Se informó que la decisión se tomó luego de haber analizado dos denuncias en contra de Sandoval donde se le acusa de varios delitos y por ello la Comisión que encabeza el panista Javier Mercado decidió aprobar el acuerdo para que una comisión instructora inicie el proceso.
Javier Mercado explicó la decisión al recordar que cualquier ciudadano puede denunciar o demandar juicio político a aquellos ex servidores públicos que hayan culminado su mandato hasta un año posterior; pero si ya pasó ese año ya no es procedente
Los ex funcionarios del gabinete de Sandoval Castañeda que también están dentro del juicio político son Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General de Gobierno, respectivamente.
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En el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit se trata de Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, se les señala de ataque a las instituciones democráticas, la usurpación de atribuciones, omisiones de carácter grave y violaciones sistemáticas o graves de planes, programas y presupuestos de la administración estatal.
El Congreso del estado tendrá un año para sancionar, declarar improcedente o no sancionar a los servidores públicos acusados.
Esta decisión fue tomada el pasado miércoles en el congreso nayarita pero desde el PRI nacional no se ha emitido algún posicionamiento, se señaló que por el momento no habrá postura.
