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Caso “Los Porkys” con retrasos por la autoridad

fiscal-veracruz-porkys1280 Foto Capital Media
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25 de Marzo 2016
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Agencia

Xalapa.- El retraso en la investigación del caso de presunta violación sexual a una joven en Boca del Río hace dudar de la actuación y la procuración de justicia, consideró Adriana Fuente, abogada del colectivo Equifonía.

Reconoció que hay un término legal de 180 días para la integración de la investigación ministerial y este plazo se ha vencido, pues la denuncia fue interpuesta el 16 de mayo de 2015, hace casi 10 meses.

Cabe recordar que en enero de 2015, la joven menor de edad fue privada de su libertad y atacada sexualmente por cuatro jóvenes en Boca del Río.

Ella conocía a los agresores, iban en la misma escuela, pasaron cuatro meses para vencer el miedo y decidirse a denunciar.

A pesar de las pruebas medicas, periciales, testimonios y videos donde ellos confiesan y piden disculpas a la joven, los agresores sexuales siguen en libertad y ahora se han declarado inocentes, según el testimonio de su padre, Javier Arturo Fernández Gómez, quien ha hecho pública la denuncia.

Los presuntos victimarios son ahora conocidos como la banda de “Los Porkys” (en alusión a un caso de 2006 cuando unos jóvenes hijos de funcionarios asesinaron a un menor a golpes), los señalados son hijos de empresarios influyentes: Enrique Capitaine –hijo del ex alcalde de Nautla, Felipe Capitaine–, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso.

El padre de la joven afirmó que en mayo se levantó la denuncia 592/15/1ESP/VER/05. Ahí se relata que la joven fue privada de su libertad fuera de una discoteca, los agresores la sometieron y la llevaron en un auto a casa de uno de ellos en el Fraccionamiento Costa de Oro y ahí abusaron sexualmente de ella.

 

El camino de la investigación no será fácil: abogada

Adriana Fuente señaló que la condena por este delito puede alcanzar una condena de seis y hasta 30 años, dependiendo del veredicto del juez; sin embargo, reconoció que el camino no será fácil, pues la investigación continuará hasta desahogar pruebas de ambas partes y hay casos donde la justicia tarda hasta tres años en resolver el caso.

Igualmente, aseveró que la divulgación de una carta del padre, así como videos donde se inculpa a los chicos, podrían servir de prueba, pero tendrán que ser valorados por la autoridad ministerial.

A su consideración, hay dilación de la justicia en el caso y eso ha propiciado la desesperación en los padres, quienes han difundido videos de los jóvenes confesando el crimen para ejercer su justicia, someternos al escarnio público y que los ojos de los ciudadanos y de la propia autoridad se vuelquen al caso.

También, advirtió que si la determinación de la autoridad ministerial y del juez no es favorable a la joven, la agraviada puede interponer una queja ante la Sala Constitucional para que analice si la determinación del Ministerio Público es la adecuada y se agotaron todas las pruebas.

De la misma forma, enunció que el linchamiento mediático y la exposición de los jóvenes podría derivar en una queja o denuncia civil, ya que están bajo el principio de presunción de inocencia.

“No se puede hablar de un delito consumado, hasta que una autoridad lo determine”, puntualizó.

Cuestionó que a la fecha se desconoce si a la víctima se le ofrecieron las órdenes de protección para ella y su familia, así como la atención médica y psicológica en el caso.

“Deja mucho que desear la autoridad con su actuación, también se tendría que ver qué medidas se implementan hacia la joven, para no exponerla ni revictimizarla”, finalizó.

 

“El daño está hecho, quiero justicia”: padre de la menor

Ante la desesperación por la falta de actuación de la autoridad, el padre de la joven, Javier Arturo Fernández Gómez , publicó una carta que se hizo viral el pasado 18 de marzo.

Ahí reveló que había filmado a los jóvenes, quienes confesaron los hechos y pidieron “ disculpas” a la menor agredida; empero,  ahora los individuos niegan el delito.

Asimismo, denuncia allí que convocó a una reunión a las familias de los jóvenes y les hizo tres peticiones para no proceder legalmente:

1. Que le pidieran perdón a su hija (en video, porque ella quedó traumatizada y no los quiere ver ni en persona).

2. Que si se encontraban a la hija en cualquier lugar, tendría que irse, fuera donde fuera.

3. Que fueran a terapia psiquiátrica

“Fue el primero de una serie de descomunales errores que cometí”, reconoció, y acusó que los padres de uno de ellos, Diego Cruz Alonso, lo amenazó diciendo que tomaría acciones “letales” en su contra y que alguien que está relacionado con la delincuencia organizada.

El padre recrimina a la autoridad que el nulo avance en el caso a pesar de las pruebas: “Con todo eso la Fiscalía no ha sido capaz de consignar, estoy frustrado, desesperado y desgastado, tomé el camino legal y eso no ha sido suficiente”.

Igualmente, advirtió que el daño está hecho y ahora sólo espera el veredicto de la justicia para que se castigue a los culpables, “no quiero venganza, sólo quiero justicia, quiero que se cumpla la Ley”.

Por ello, inquirió que la investigación camina lenta y con sesgos, pues los señalamientos, los testimonios, no han sido suficientes para encarcelar a los jóvenes porque son influyentes.

A esto se suma el descredito, ya que la familia de los jóvenes han creado perfiles en Facebook para denostar a la joven y manchar su imagen, lo que ha afectado más a la menor.

DGM:.

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