Así la larga ruta legal para que AMLO aplique una consulta

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de someter a consulta ciudadana el futuro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), entre otros temas, como el aborto y la legalización de la marihuana, además de enfrentar varios obstáculos tendrán que pasar por un largo camino legal.

En México las consultas sólo pueden realizarse cuando hay elecciones federales, es decir, cada tres años. AMLO tendría que esperar hasta el 2021 para solicitar sólo una.

También existe la posibilidad de que la nueva legislatura reforme la Ley federal de consulta popular en México para poder hacer posible la participación ciudadana en estos casos. Pero mientras todo se mantengan igual, esta sería la ruta para llegar a una consulta ciudadana propuesta por el presidente.

• El presidente debe presentar la solicitud de consulta ante cualquiera de las cámaras que integran el Congreso de la Unión.
• La Cámara la enviará directamente a la Suprema Corte junto con la propuesta de pregunta formulada para que resuelva y le notifique sobre su constitucionalidad dentro de un plazo de veinte días naturales.
• Una vez recibida la solicitud del Congreso para verificar la constitucionalidad de la petición de consulta popular, la Suprema Corte deberá resolver, entre otras cosas, la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y que la pregunta no sea tendenciosa o contenga juicios de valor. Deberá notificar a la Cámara de origen su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes.
• Si la Suprema Corte declara la inconstitucionalidad de la consulta, la Cámara publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y dará por concluido el trámite.
• Si la Suprema Corte considera constitucional, la Cámara publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y turnará la petición a la Comisión de Gobernación.
• El dictamen de la petición deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso. De no se así, el caso se archiva y se da por terminado. 
• Una vez aprobada la petición por el Congreso, éste expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto.

Posterior a todo este trámite, se notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se procederá a organizar la consulta en todo el país.

Además, el resultado de la consulta únicamente será vinculante cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.

En las pasadas elecciones se realizaron 3 consultas populares en dos estados del país. En Nuevo León, el costo de dos de ellas fue de 50 millones de pesos, mientras que en Quintana Roo destinaron 12 millones de pesos.

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