Sin duda, en últimos días el tema de discusión más recurrente tanto con académicos como con funcionarios han sido los lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer.
Algunas de las medidas incluyen el recorte del sueldo de altos funcionarios, incluido el presidente y la autonomía de las fiscalías en el país. Sin embargo entre las que más han llamado la atención está la reducción de prestaciones que tendrán los trabajadores de confianza.
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Resalta que se planea la reducción de toda la estructura de confianza en un 70 por ciento de personal. Aquellos que aún formen parte de la nómina trabajarán bajo las siguientes condiciones:
A esos cambios también hay que añadir el plan de descentralización del Gobierno Federal de la Ciudad de México a los estados, lo cual significaría un cambio de residencia de los trabajadores que no quieran perder su trabajo y/o el alejamiento de sus familias por la distancia de las dependencias.
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La Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, estará en Puebla y en el sector educativo en el gobierno trabajan unas 17 mil personas.
En tanto, la Secretaría de Salud se mudará a Guerreo donde trabajan unos 541 funcionarios públicos.
En total, según datos del INEGI, actualmente hay un millón 634 mil 629 servidores públicos en el gobierno federal.
En dicho entorno, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado fijó su posición y se dijo respetuoso de las decisiones de cambiar de sede, siempre y cuando sea con apego a la ley.
En tanto, López Obrador con anterioridad ha dicho, que quienes estén inconforme con los movimientos puede asistir a tribunales.
También ha mencionado que el cambio de sedes se sometería a análisis. Hasta ahora sabemos que tiene planeado que sólo 5 Secretarías se queden en la Ciudad de México.
Las reacciones
Carlos Urzúa, futuro Secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo que “en sueldo nada más, probablemente (ahorraremos) unos 8 mil millones de pesos”. Aseguró también que tan sólo de la reducción de nómina se unos 15 mil millones de pesos.
En contraste algunos activistas como la directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Regina Tamés y el presidente de Mexicanos contra la Corrupción, Claudio X. González, cuestionaron las propuestas.
La reacción que más ha llamado la atención ha sido la carta de una supuesta funcionaria federal que le pidió a López Obrador repensar su propuesta de reducir salarios a los trabajadores del Estado.
En la carta señala que la política de austeridad pegará en el bolsillo de aproximadamente 3 mil 600 trabajadores de base y alrededor de 4 mil 500 trabajadores de confianza que ganan más de 108 mil pesos al mes.
También, le pregunta si quiere una administración pública de bajísima calidad… “¿Qué acaso como servidores públicos no tenemos derecho a estar mejor o por lo menos al nivel de la iniciativa privada? En verdad, ¿tanto nos odia?”.
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