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Urgen mayor apoyo a hijos de las mujeres asesinadas

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Los menores que han quedado en la orfandad debido a los feminicidios ocurridos en Coahuila, sufren del abandono social ante la carencia de algún familiar que se haga cargo de ellos económicamente.

Durante 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido ocho quejas de familias coahuilenses quienes apelan por recibir mayor apoyo para las víctimas indirectas de las mujeres asesinadas, sus hijos huérfanos; en ellas se solicita a la CNDH que emita observaciones al gobierno estatal para que refuerce los programas de apoyo.

Los niños cuentan con apoyo del Gobierno Federal por medio del programa Seguro de Jefas de Familia que otorga la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que activistas piden a las autoridades estatales que se sumen y den atención psicológica, económica y educativa a los huérfanos.

“El gobierno debe responder por las consecuencias de la violencia que se genera en el país”, argumentó Sandra Soto, quien interpuso las quejas por las mujeres que fueron asesinadas en 2018.

La activista oriunda de Torreón contempla dos objetivos: uno es disminuir los índices de asesinatos de mujeres, pero la que más sobresale actualmente es la lucha por una modificación a la Ley General de Víctimas.

La misión es que no existan casos de niños que tuvieron un sostén y una familia, y de la noche a la mañana lo perdieron todo, su estabilidad psicológica, su educación y su patrimonio.

“Al haber perdido una mujer la vida por causas de violencia, el gobierno debe tener la responsabilidad de las víctimas colaterales” y destacó que se requiere de apoyo psicológico para los menores, que en ocasiones han presenciado el asesinato de sus madres a mano de sus propios padres, además de educativo y jurídico para resolver la situación de la custodia del menor, y económico para solventar los gastos médicos, educativos y de alimentación.

Las quejas se interpusieron directamente en la CNDH, para “ajustar” a las autoridades de gobierno directamente desde el nivel federal debido a que en Coahuila no han obtenido respuesta, a saber de la activista.

“Autoridades pasadas frenaron el problema, ahorita esperan que se hagan las cosas diferentes, queremos seguimiento, ante la situación realmente se tiene que dar este beneficio, muchas veces no se conocen las leyes y por eso no se actúa”, indicó Sandra Soto.

El organismo civil planea trabajar con apoyo de la Cámara de Senadores para fincar un precedente sobre el tema; recién se reformó el artículo 26 de la Ley General de Víctimas para proteger a los niños huérfanos.

La cruda realidad

Al registrarse el feminicidio de Serymar Soto en febrero de 2017, su hijo de 3 años fue convocado por las autoridades en busca de apoyo psicológico ante la gravedad de la situación.

Los bajos recursos de sus padres, que abordaron el cuidado del pequeño han impedido que tanto la madre de la víctima como el menor sean apoyados por el gobierno del estado.

Actualmente reciben 330 pesos mensuales de parte del programa Federal Seguro de Jefas de Familia en apoyo a la economía del pequeño Romeo, lo cual califica la familia como insuficiente para poder solventar si quiera la mitad de sus gastos, alimento, vestimenta, estudio y salud.

Aunque el amor no falta en la familia Soto, nunca se va a reemplazar la presencia de una madre, sobre todo cuando no se tiene ayuda para enfrentar la situación.

Romeo vio a su madre irse, pero nunca la vio regresar, actualmente está enterado de la situación que se vivió, sin embargo es un recuerdo que aún no supera.

Ahora su familia busca la forma de darle lo que merece a través de las autoridades del estado, al igual que decenas de menores que se suman a la lista de las víctimas indirectas de los feminicidios.

Normalmente los abuelos son quienes asumen la responsabilidad ante un feminicidio, pero muchos de ellos son personas de la tercera edad, jubilados o pensionados que viven de una aportación mensual del gobierno.

Esto hace aún más complicada la situación de los menores que en caso de no recibir la atención psicológica necesaria pueden quedar dañados y a la deriva emocional.

“En Torreón hubo un caso, que el papá asesina a su esposa, aunado a ello se llevó a su hijo y no hay autoridad que le retire al menor, pues la custodia la tiene él, en estos casos sufren una doble impotencia por la pérdida del ser querido y otro por no recuperar a tu familia”, compartió Soto.

La activista comentó que existe un vicio en la ley que no quita la patria potestad al padre aun y cuando fue señalado como el feminicida.

Cada niño víctima de la Violencia de género tiene circunstancias diferentes, la ley lo señala por ello hay personas en busca de la justicia para ellos.

Más buscan ayuda

Aun y cuando son ocho quejas emitidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de parte de familias Coahuilenses, se preparan otras tres más de otros estados de la República, el movimiento encabezado por Sandra Soto, encendió la mecha.

Mientras tanto, la Asociación Civil Serymar se ha encargado de formar Centros de Acopio llamados “Huérfanos de Feminicidio” donde se busca recolectar la ayuda de la ciudadanía.

Inicialmente se solicitará a la población a donar alimentos no perecederos con el objeto de destinarlos a las familias perjudicadas hasta el momento, esto es espera de una resolución.

Las familias discuten

Familiares de víctimas de feminicidio denunciaron que los pequeños que quedaron huérfanos sólo reciben 330 pesos al mes como apoyo, pese a que las autoridades dicen que reciben becas escolares completas.

Uno de los familiares denunció que para enero y febrero de 2018 recibieron sólo 660 pesos, que fueron enviados a uno de los pequeños que perdieron a sus madres, para cubrir sus gastos de salud, educación, alimentos, vestido y calzado.

Los deudos de Serymar Soto (asesinada por su prometido en enero de 2017), denunciaron a través de un comunicado que “ni siquiera es destinado de manera oficial para apoyar a los menores, es parte de un seguro de vida dado a las madres cuando fallecen, por lo que no hay un programa oficial a su favor”

. Este señalamiento refuta lo que dio a conocer la Secretaría de Gobierno del estado, la cual señaló que el apoyo se da por medio de becas que otorga la Sedesol a todos los jóvenes, que estudien en la entidad y lo comprueben con sus boletas.

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TEMAS abandono social Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Ley General de Víctimas niños huérfanos Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
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