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Revisan mina La Encantada

Especial

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14 de Noviembre 2017
El derrame ocurrió el 26 de junio de 2016

La mina La Encantada, ubicada en Ocampo, mantiene un procedimiento abierto derivado del derrame ocurrido el año pasado en su interior, señaló el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Coahuila, Raúl Javier González.

El derrame ocurrió el 26 de junio de 2016 y según se dijo entonces fue de una mezcla de lodos y productos tóxicos que se utilizan en el proceso de extracción de plata.

Son cuatro los procedimientos que se han fincado a la empresa en lo que va del sexenio, incluyendo el derrame de lodo que sucedió por un rebase en la capacidad de una de sus presas de emergencia, debido a una lluvia atípica en el sector donde se encuentra.

Según el delegado el derrame se logró contener y se tomaron medidas para la restauración de suelos; no obstante, el procedimiento dictado sigue “vivo”, pues las sanciones conllevaron la restauración, mitigación y prevención de sus procesos a fin de que no vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes.

Entre ellas se dictó ampliar la capacidad del equipo de bombeo, ya que minas como ésta que manejan la extracción de plata utilizan componentes altamente riesgosos como el cianuro.

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Además de la instauración de un canal derivador que impida nuevamente el desborde en caso de alguna precipitación. Sostuvo que hay cumplimiento en el programa establecido por la propia empresa, propiedad de la canadiense First Majestic Silver Corp, y se espera que antes de concluir el presente año se pueda culminar con las acciones.

Como se recordará hace poco más de un mes la mina La Encantada fue nuevamente objeto de supervisión, por una explosión que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, aunque se determinó que no hubo impacto ambiental en esa ocasión.

De no cumplir en tiempo y forma lo dictado por la procuraduría, la empresa podría hacerse acreedora a nuevas sanciones, explicó el delegado, al afirmar que en lo que tiene al frente se han emitido multas por millones de pesos e incluso denuncias penales en casos de omisión a los procedimientos.

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