Peleará Congreso vs el abuso policial

El Congreso de Coahuila dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto propuesta por la fracción parlamentaria del PRI, donde se propone la creación de la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública que busca regular los límites en la actuación de los elementos de seguridad pública y erradicar los abusos al tratar de “aplicar” la ley.

“Lo que se pretende es crear un marco jurídico y poner límites, porque en algunas circunstancias el uso de la fuerza restringe las libertades de otras personas”, explicó su promotor, el diputado Julián Eduardo Medrano Aguirre.

La propuesta ocurre luego del asesinato –en agosto pasado– del maestro Rafael Pérez Hernández, quien fue golpeado por cuatro policías municipales que le provocaron la muerte.

Comentó que como el caso del profesor de primaria, hay otros que no han sido resueltos.

“Lo más reciente es el caso de esta víctima, que presuntamente se resistía al arresto mientras alteraba el orden público y fue sometido por los policías municipales, quienes lo violentaron hasta matarlo”.

Medrano Aguirre precisó que son las corporaciones policiacas las que encabezan las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos por excederse en sus funciones al tratar de sancionar a una persona.

“Hay datos, por ejemplo, de 2016 cuando se recibieron 511 denuncias por violación a los derechos humanos y de esas 30 por ciento fue contra los policías”.

Las corporaciones más denunciadas son la Policía Investigadora, Fuerza Coahuila, los Grupos de Reacción Operativa Metropolitana y las municipales.

Afirmó que cuando se apruebe la legislación, definirán las condiciones para justificar la fuerza y crear un sistema de responsabilidad.

“Si no tenemos un marco jurídico se puede dar lugar al abuso y a que las actuaciones de los elementos no puedan sujetarse a vigilancia, control y análisis, pues no habrá directrices sobre el uso de la fuerza”.

Aseguró que la legislación no sólo estipulará lo relativo al ejercicio de la fuerza, sino también derechos y obligaciones referentes a la capacitación y el equipamiento de los cuerpos de seguridad.

Esto significa que la fuerza debe utilizarse como último recurso y, en caso necesario, usarla gradualmente para garantizar el derecho libre asociación pacífica, detalló.