Niega Zermeño pagos a abuela de niño tirador

Monclova, Coahuila / 17 de Enero 2020

Por: Guadalupe Pérez

Luego de que se diera a conocer que el ayuntamiento de Torreón pagó en 2018 más de 100 mil pesos a la abuela del menor que abrió fuego en un colegio privado de ese municipio, el alcalde Jorge Zermeño Infante, negó que haya sido un apoyo, sino más bien, dijo, una contraprestación por un servicio que prestó.

Lo anterior después de que surgiera que la consanguínea, supuestamente recibió pagos por concepto de ayuda y subsidios sociales, así mismo, como parte del denominado “Programa de Amnistía Fiscal”, a la mujer le fueron condonados 701 mil 896 pesos de impuestos.

En ese sentido, aclaró que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Torreón, realizó un convivio en uno de los salones que presuntamente pertenecen a la familia del niño, pero no forman parte del padrón de proveedores.

“Lo que sucede aquí es que el sindicato cada año lleva a cabo una fiesta, una comida que le ofrece a los sindicalizados, y ellos rentan un salón de fiestas que al parecer era propiedad de estas gentes, eso es lo que hay, la renta de un salón de fiestas por parte del sindicato”, expuso.

Dijo lamentar que la información surgida a raíz de los lamentables hechos en el Colegio Cervantes se manejara fuera de la objetividad, pues en este caso, no es lo mismo ayudar que comprar un servicio.

“¿Resulta que a todos los que les pagamos en el municipio o les compramos algo, como son los medios también, reciben apoyo económico del Municipio, no? Es una contraprestación, punto, y no de ahora, se habla del 2015 a la fecha y no era de manera mensual”, señaló.

Aseguró que un trámite sencillo como rentar un salón de fiestas para un evento y otros servicios solicitados, están dentro de los portales de transparencia, así como los pagos realizados con su debido concepto.

El edil mostró su rechazo a la presión mediática que se ha manejado sobre el hecho, pues dijo, lejos de manejar la presunción, se criminaliza a la familia, al darse a conocer el congelamiento de las cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Ya estamos criminalizando todo, yo también me hago una reflexión ¿La abuela también es una criminal? Hay una presunción de inocencia, tú y cualquiera tiene ese derecho constitucional, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es allegarse de elementos y pruebas y presentarlas ante el juez y al final de cuentas, es el juez el que determina qué grado de responsabilidad tienen las personas”, finalizó.