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Martha Briones
Hace 1 año | Facebook Twitter Whatsapp

La instalación de tribunales laborales, que se supone se crearían a partir de 2018, tras la desaparición legal de las juntas locales de conciliación y arbitraje, podría estar en riesgo no sólo en esta entidad sino en todo el país, ante la falta de recursos para que el Poder Judicial del estado pueda operarlos, advirtió la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJEC), Miriam Cárdenas Cantú.

“Para febrero tiene que estar aprobada por el Congreso del Estado la armonización con las leyes federales; estos tribunales pertenecerán al Poder Judicial, el problema es que no nos queda claro por qué no han dicho nada, de dónde saldrán los recursos que se requieren para que podamos hacer el trabajo”, precisó.

Cárdenas Cantú sostuvo que se requieren cuando menos seis tribunales laborales cuya operación costaría más de 400 millones de pesos.

Dijo que el Poder Judicial está trabajando en el tema, pero “hay dudas que no han sido aclaradas”, que tienen que ver con la preocupación respecto del presupuesto para cumplir con la disposición legal aprobada en octubre pasado por el Senado de la República.

“Y la pregunta es cómo o de dónde vamos a obtener los poderes judiciales de todo el país los recursos para operar estos tribunales.

En Coahuila, por ejemplo, tenemos un presupuesto anual de 690 millones y de esos el 88 por ciento se va directo a la nómina que tenemos.

Entonces, qué hacemos”, cuestionó.

La magistrada comentó que hay incertidumbre por cómo harán efectiva la aprobación del Senado en la modificación constitucional que establece la desaparición de juntas de conciliación y arbitraje.

“Hay apoyo y disposición por parte nuestra, pero no estamos seguros de tener la capacidad para implementar con certeza y confianza la instalación de estos tribunales y cumplir así con las reformas en materia de justicia laboral”, reconoció.

De acuerdo con el dictamen del Senado, se transfiere la impartición de justicia laboral, tanto individual como colectiva, al ámbito del Poder Judicial de los estados, a través de la figura de tribunales laborales, para tareas de conciliación.

Además al organismo corresponderá el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados con el tema.

Desaparece la JLCA

En octubre de 2016, el Senado aprobó con 99 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 122 de la Constitución, en materia de justicia laboral que desaparece las juntas locales de conciliación y arbitraje en los estados.

La reforma ya fue aprobada por 17 congresos locales, por lo que tiene la mayoría necesaria para que se promulgue y se ponga en marcha.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, señaló lo anterior y sostuvo que “esta reforma se instrumentará rápido, no nos vamos a tardar años”.

Agregó que están garantizados los empleos de los trabajadores de las juntas y que ya se analiza la parte presupuestal para su puesta en marcha.

Explicó que este ordenamiento significará el fin del “corporativismo” y permitirá que los conflictos y demandas laborales se diriman a través de la conciliación y no en juicios largos, “donde los únicos que ganan son los abogados”.

Añadió que actualmente las juntas tienen una sobrecarga de trabajo, en las que hay miles de expedientes en litigio en espera de solución.

El funcionario refirió que la reforma establece que en adelante los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación (PJF) o de los poderes judiciales de las entidades federativas, y plantea un nuevo modelo de impartición de justicia laboral, ya que hace obligatoria la conciliación prejudicial .

Se van a crear “centros de conciliación especializados, imparciales y autónomos, así como un organismo descentralizado a escala federal para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales”.

Tras reconocer que habrá resistencias a este cambio, comentó que con recursos propios la STPS ya adecuó una unidad de enlace para la implementación de la reforma, que estará en contacto directo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los tribunales superiores de justicia de cada entidad.

Además, ya se está elaborando la ley secundaria en la materia, ya que se quiere instrumentar la reforma en este gobierno. “No vamos a dejar esto como un pendiente a la administración federal venidera”, afirmó el secretario.

Para Navarrete Prida se trata de un cambio trascendente en la historia de la justicia laboral, por lo que la ley secundaria determinará el proceso de desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje ,y la transición de sus tareas a los poderes judiciales, y que esto se haga de forma responsable, salvaguardando plena y absolutamente los derechos laborales de los trabajadores.

Apuntó que ésta es la más ambiciosa reforma en materia laboral en los 100 años de vigencia del artículo 123 constitucional.

Otro problema

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) advirtió que no puede satisfacer una demanda salarial tan alta como la solicitada por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del PJF, pues pondría en riesgo la implementación de los tribunales laborales de conciliación.

Lo que se pide representaría quitar recursos a la implementación del nuevo sistema penal y a la creación de juzgados y tribunales laborales estatales, que ahora formarán parte del Poder Judicial de la Federación en materia laboral.

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TEMAS Miriam Cárdenas Cantú Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila
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