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Encabezan policías quejas ante CDHEC

Cuestiona ombudsman capacitación de elementos municipales
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Hace 5 meses | Facebook Twitter Whatsapp

Por: David González

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las policías municipales de Coahuila representan el 45 por ciento de las recomendaciones emitidas por este organismo durante el 2017, lo que a decir del ombudsman Xavier Diez de Urdanivia, significa un serio problema de capacitación a los elementos de las corporaciones preventivas.

Tan sólo el año pasado se emitieron 100 recomendaciones, de las que 45, corresponden a la las policías municipales de los 38 municipios y de ella, el 13 por ciento las concentró la corporación de Saltillo.

Dentro de las ilegalidades cometidas por las fuerzas locales están principalmente la violación a la legalidad, detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, retención de las personas y sobre todo lesiones.

Para el titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) Xavier Diez de Urdanivia, los casos de abusos por parte de las policías municipales son muchos y aunque ha disminuido en los últimos tiempos, aún falta por hacer.

Dijo que por parte de los encargados de las direcciones y control de los elementos, la respuesta al respeto a los derechos humanos de los civiles ha sido insuficiente.

Señaló como ejemplo que el cumplimiento a las recomendaciones que emite esta institución sólo suma el 30 por ciento, lo cual dijo deja mucho que desear.

“Una de las partes más desatendidas es la de sanciones administrativas por faltas que están absolutamente comprobadas y tenemos que reforzar, y renovar el orden público, que abrirá una venta de esperanza para que las cosas mejoren”, señaló.

En Saltillo se cuenta con un casi una decena de recomendaciones contra la policía municipal de Saltillo, pero se le suma a la lista recomendaciones a las 38 policías locales.

Están quejas y recomendaciones desde a las direcciones de tránsito y vialidad, a las policías preventivas, así como por las malas condiciones de sus instalaciones como las cárceles públicas.

Entre los sujetos afectados están tanto familias completas, hombres mujeres y hasta niños que han sido afectados por quienes deberían velar por la ciudadanía, hasta recomendaciones por quienes van de paso como los mirantes como lo hace ver la recomendación 24/2017.

Las garantías que no se respetan por estos servidores públicos son el derecho a la legalidad y seguridad pública, violación al derecho a la privacidad, allanamientos, derecho a la seguridad jurídica, ejercicio indebido a la función pública, la falta de protección a las personas.

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