Denunciarán uso del erario para defender a jefe policiaco

Torreón, Coahuila / 13 de Diciembre 2019

Por: Mariana Mejía

Tanto la bancada del PRI, como regidores de Morena, interpondrán una denuncia ante la Contraloría por la aplicación de recursos para la defensa de Pedro Luis Bernal Fernando Espinoza, director de Tránsito y Vialidad, quien es acusado de acoso sexual en contra de una agente de la corporación.

José Antonio Gutiérrez Jardón, líder de la bancada tricolor, consideró irónico que el funcionario tenga el respaldo del Ayuntamiento, mientras que la afectada fue hasta separada de su cargo e incluso hasta su sueldo fue retenido.

“No es correcto que se utilice todo el aparato judicial en la defensa de un empleado del municipio cuando a la otra persona se le dejó completamente afuera, si él tiene que defenderse que lo haga con sus propios recursos, en lugar de que el municipio utilice recursos del erario”, opinó.

Comentó que con sus compañeros de fracción se han platicado en diversas ocasiones las irregularidades en las que ha incurrido el funcionario al frente de la corporación, no solamente por la agente que lo está acusando, sino por los constantes enfrentamientos con ciudadanos.

“Se han presentado una serie de irregularidades durante todo el año y no se ha escuchado ni el reclamo de nosotros, ni de los ciudadanos, porque ha sido un reclamo no solamente por el tema específico de la agente que fue suspendida de sus labores, sino por todo lo que ha pasado a lo largo de este año”, dijo.

Consideró que existe una ironía porque por un lado se establecen programas para fomentar la equidad de género y concientizar sobre el acoso, mientras que no se le respalda a la también empleada municipal.

En tanto, Ignacio Corona Rodríguez, de Morena, comentó que Bernal Espinoza debe ser separado de su cargo, para que enfrente con recursos propios el proceso jurídico como cualquier ciudadano.
“Estamos analizando este tema para interponer una denuncia por aplicación de recursos públicos, dado que quienes lo están haciendo reciben un salario de la administración para un objetivo distinto a lo que les corresponde, es una ilegalidad”, declaró.

Coincidió con la postura de organizaciones empresariales, en el sentido de que el funcionario debería ser separado de sus funciones, mientras se determina su situación jurídica.
“Tengo entendido que es una denuncia de una subordinada, lo menos que se debe hacer es que se cumpla, yo coincido en que debe ser separado de su cargo mientras se determine su responsabilidad para la credibilidad de la administración”, apuntó.

Ambos ediles, dijeron que las respectivas denuncias se interpondrán en primera instancia en la Contraloría, y de no proceder, estarían recurriendo a otras instancias como la Auditoría Superior del Estado (ASE), o incluso en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).