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Denuncian nepotismo en alcaldía de Torreón

Foto Especial

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24 de Mayo 2019

Torreón, Coahuila / 24 de Mayo de 2019

Por: Mariana Mejía

La bancada del PRI en el Cabildo de Torreón denunció casos de nepotismo al interior de la administración municipal, entre cónyuges, cuñados, hijos y amigos, que se encuentran laborando en diversas áreas del municipio y que perciben sueldos que van de los 9 a los 50 mil pesos.

Dulce Pereda, síndica de Vigilancia, acompañada de los regidores José Antonio Gutiérrez Jardón e Isis Cepeda, mostró datos obtenidos a través del portal de transparencia, donde aparecen familiares de directores de dependencias, regidores y diputados.  

Según exhibieron con pruebas los ediles de la fracción del PRI, el tener a dichos personajes le costará al erario público un aproximado de 14 millones de pesos, correspondiente a 47 casos concretos hasta el momento documentados.

Al cuestionar si la parte acusada, defendería que se trata de algo común, refiriéndose a las administraciones anteriores, Pereda Ezquerra opinó que si se presentaron casos en otras ocasiones, debieron de señalarlo en su momento.

Algunos de los nombres que manejan es por ejemplo la recién nombrada tesorera Mayela Ramírez, quien presuntamente tiene cuatro plazas en la actualidad.

“La antes síndica, hoy tesorera, en 2018 contaba con tres plazas, ella y dos personas más y ahora se incrementa y es un millón 390 mil pesos que nos cuesta a la ciudadanía”, dijo.

Otros casos mencionados son el de la regidora Thalía Peñaloza, que tiene a sus hijos, hermano y sobrino; la regidora Elizabeth Pérez Alemán, con su sobrina en Parques y Jardines.

El director de Servicios Administrativos Municipales, Antonio Loera López, suma siete familiares, algunos desde el 2003, con la administración de José Ángel Pérez y cuyo costo mensual equivale a 116 mil 944 pesos.

Así mismo, Claudia Álvarez, directora de Atención Ciudadana, supuestamente ‘metió’ a  5 familiares.

Los diputados de Acción Nacional, Juan Antonio García Villa cuenta con ocho familiares desde el 2003 en diferentes dependencias, al igual que María Eugenia Cázares Martínez, cuyo esposo es sindicalizado y se mantiene desde hace años.

El paso a seguir es interponer una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado y dicha instancia, sea la que finque cualquier responsabilidad que se deba señalar.