OEA dice acciones gobierno de Nicaragua afectan "gravemente orden democrático"

GINEBRA/MANAGUA, 19 nov (Reuters) – La OEA dijo el martes que las acciones cometidas o permitidas por el gobierno de Nicaragua desde que estalló la crisis política en 2018 han afectado gravemente el orden democrático en el país, que vive “una crítica situación” de derechos humanos y que requiere urgente atención de la comunidad internacional.

Una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en agosto, presentó un informe sobre la situación en la nación, en zozobra desde abril del año pasado cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega reprimió varias protestas en su contra que dejaron más de 326 fallecidos, según diversos organismos.

“Las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”, dijo la OEA.

Agregó que los mecanismos de control y subordinación que el gobierno ha venido desarrollando hacia los demás poderes “hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho”.

El reporte advierte, además, que la falta de libertades es grave y genera una “situación crítica respecto a las libertades civiles y políticas”. También ve “imperativo generar condiciones que garanticen el cese a las violaciones a los derechos humanos”.

“El Gobierno de ese país ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo: hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano”, dijo la comisión.

En el documento se hace referencia a restricciones a derechos políticos con limitaciones a las manifestaciones, uso de balas de goma y gases lacrimógenos contra opositores así como el arresto de decenas de personas que participaron este año en actividades a favor de los considerados presos políticos.

Ortega, quien retomó la presidencia en 2007, ha culpado a Estados Unidos de la crisis. Desde que empezaron las protestas, Washington y Canadá han impuesto diversas sanciones a empresas y personas vinculadas a él a y su círculo más cercano, incluyendo a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

El gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe. En el pasado había desconocido la legitimitad de la comisión a la que no dejó ingresar al país.

Horas antes a la divulgación del informe, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU criticó el arresto de 16 manifestantes antigubernamentales en Nicaragua, a quienes se acusa de tráfico de armas, diciendo que los cargos parecían “fabricados”.

Las autoridades nicaragüenses dijeron el lunes que entre los 16 detenidos se encontraban manifestantes estudiantiles como la nicaragüense-belga Amaya Coppens.

La policía dijo que se sospechaba que los manifestantes planeaban realizar ataques terroristas en el país.

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(Reporte de Ismael López en Managua y Stephanie Nebehay en Ginebra. Escrito por Ana Isabel Martínez)